Edgar Vergara Figueredo
A pesar de las duras críticas surgidas de sectores académicos y profesionales autorizados avanza en el Congreso de la República el proyecto de reforma a la justicia. Desde el mismo día en que se dio a conocer el texto y el Presidente Santos lo anunció como fruto del consenso entre el poder ejecutivo, el judicial y el legislativo, no quedó la mayor duda de que la calidad no era muy buena, ni menos su propósito correspondía a lo que realmente quería la ciudadanía. La gente quiere que los magistrados, jueces y fiscales actúen con puntualidad, imparcialidad y celeridad, blindados de la politiquería, el amiguismo y el tráfico de influencias.
Para muchos ciudadanos desencantados de la actual administración de justicia les parece imposible que se pueda arreglar, cuando en la sociedad se impuso el “todo vale” sobre la decencia. Para otros, que todavía tienen esperanza del cambio, creen que con una reforma se podría implantar en Colombia una justicia moderna, en donde magistrados, jueces y fiscales correspondan, cumpliendo cabalmente con sus funciones.
En la década de los ochenta, las tres ramas del poder público y los órganos de control habían entrado en un estado crítico, como consecuencia de los errores de sus agentes, surgiendo opiniones que daban lugar a reformas. Cuando las instituciones no funcionan, la clase política escoge el camino más corto, que es reformarlas, para eso está presto el Congreso que manipula a la opinión ciudadana, desviando su atención de los problemas centrales a los más insignificantes. La constituyente convocada en el año 1991 se ocupó del caso, introdujo transformaciones al aparato estatal, con la convicción de que todo iba a funcionar como un reloj. Algunos instrumentos aprobados fueron eficaces para el funcionamiento de la sociedad naciente, pero otros, sirvieron para engrasar el sistema y sin mucha previsión lo corrompieron.
El origen de las contralorías fue motivo de estudio por la constituyente del 91. En vez de elegirse los contralores de manera directa por el congreso, las asambleas y los concejos, se impuso el método de las ternas, preparadas por la corte constitucional, la suprema de justicia y el consejo de estado en el caso del contralor general y por los tribunales de distrito judicial y contencioso-administrativo en el caso de los contralores departamentales, distritales y municipales. Las contralorías, ya suficientemente politizadas por las élites políticas nacionales y regionales, con el sistema de ternas fueron atrapadas por las cortes y los tribunales, que en concubinato con congresistas, diputados y concejales, se han repartido a tutiplén los puestos y contratos. ¡El remedio resultó peor que la enfermedad!
La reforma a la justicia que camina a pasos acelerados en el Congreso, propone que el contralor general de la república sea elegido por el Congreso en pleno. Pero en el texto modificado, está que el contralor general sea elegido por la Cámara de Representantes de una terna elaborada por el Senado de la República. En cuanto a contralores departamentales y municipales, el proyecto señala que sean escogidos por las asambleas y concejos de terna presentada por el Contralor General de la República. Aun así, se cree que hecha la ley, hecha la trampa, es el proverbio que podría funcionar a la perfección en el futuro.
POSDATA: Ya lo había afirmado el filósofo griego Anaxágoras: “Si me engañas una vez, tuya es la culpa; si me engañas dos, la culpa es mía.”
Para muchos ciudadanos desencantados de la actual administración de justicia les parece imposible que se pueda arreglar, cuando en la sociedad se impuso el “todo vale” sobre la decencia. Para otros, que todavía tienen esperanza del cambio, creen que con una reforma se podría implantar en Colombia una justicia moderna, en donde magistrados, jueces y fiscales correspondan, cumpliendo cabalmente con sus funciones.
En la década de los ochenta, las tres ramas del poder público y los órganos de control habían entrado en un estado crítico, como consecuencia de los errores de sus agentes, surgiendo opiniones que daban lugar a reformas. Cuando las instituciones no funcionan, la clase política escoge el camino más corto, que es reformarlas, para eso está presto el Congreso que manipula a la opinión ciudadana, desviando su atención de los problemas centrales a los más insignificantes. La constituyente convocada en el año 1991 se ocupó del caso, introdujo transformaciones al aparato estatal, con la convicción de que todo iba a funcionar como un reloj. Algunos instrumentos aprobados fueron eficaces para el funcionamiento de la sociedad naciente, pero otros, sirvieron para engrasar el sistema y sin mucha previsión lo corrompieron.
El origen de las contralorías fue motivo de estudio por la constituyente del 91. En vez de elegirse los contralores de manera directa por el congreso, las asambleas y los concejos, se impuso el método de las ternas, preparadas por la corte constitucional, la suprema de justicia y el consejo de estado en el caso del contralor general y por los tribunales de distrito judicial y contencioso-administrativo en el caso de los contralores departamentales, distritales y municipales. Las contralorías, ya suficientemente politizadas por las élites políticas nacionales y regionales, con el sistema de ternas fueron atrapadas por las cortes y los tribunales, que en concubinato con congresistas, diputados y concejales, se han repartido a tutiplén los puestos y contratos. ¡El remedio resultó peor que la enfermedad!
La reforma a la justicia que camina a pasos acelerados en el Congreso, propone que el contralor general de la república sea elegido por el Congreso en pleno. Pero en el texto modificado, está que el contralor general sea elegido por la Cámara de Representantes de una terna elaborada por el Senado de la República. En cuanto a contralores departamentales y municipales, el proyecto señala que sean escogidos por las asambleas y concejos de terna presentada por el Contralor General de la República. Aun así, se cree que hecha la ley, hecha la trampa, es el proverbio que podría funcionar a la perfección en el futuro.
POSDATA: Ya lo había afirmado el filósofo griego Anaxágoras: “Si me engañas una vez, tuya es la culpa; si me engañas dos, la culpa es mía.”
