Edgar Vergara Figueredo
Nuevamente se levanta el polvorín y tras los hechos, la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS), es la señalada. A estas alturas, todo el mundo sabe que esto no es nuevo, la CVS, desde su creación viene siendo manejada por los políticos cordobeses y hasta en su gestión han incidido los grupos paramilitares. La corrupción es un mal crónico asociado al ejercicio político torcido en nuestras regiones. Las CARs, como otras entidades públicas, se convirtieron en dadivosas y proveedoras de riqueza mal habida a los chupasangres del tesoro nacional. El gobierno, después de haber anunciado reformarlas, no actuó prolijamente como se esperaba, se corrió, dejándolas abiertas al despilfarro de dineros y disponibles al latrocinio, cuando su obligación era parar el desorden a causa del manejo irregular considerado contrario a los intereses colectivos. A causa de esa negligencia, les dejó el tetero a los políticos para que siguieran chupando.
Bastó que el Presidente de la República bajara la guardia para que siguiera el reperpero administrativo y el manipuleo de las licitaciones por parte de fulano, mengano, perengano y zutano, que amangualados con los directores de turno de las corporaciones, siguieron permitiendo la sobrefacturación y la coima que enriquece a algunos y empobrece a los que habitan los territorios amenazados por la violencia y la miseria, como es Córdoba. Aquí no vale el consenso, la reforma tiene que hacerse cueste lo que cueste y tiene que sobreponerse al interés particular de ciertos políticos que promueven el desorden, el cual deriva un producto que sirve para pagar parrandas y mujeres, comprar haciendas, automóviles, animales y lujos que indigestan a los mismos autores y corrompen a la sociedad con su mal ejemplo lujurioso.
Señor Presidente, esta vez ni un paso atrás, retroceder es la vía contraria a lo que clama la sociedad colombiana que no ve el punto final donde podría terminar la corrupción. No se puede permitir que se continúe favoreciendo el monipodio construido por una clase social estéril, la cual consume demasiado de lo público y nada produce para el bien común. Hay suficientes evidencias de hechos intolerables que ameritan la intervención y la quirúrgica para extirpar la enfermedad que resta el patrimonio de todos los colombianos. Lo que está pasando es de la autoría de esos liliputienses ingenios que no saben otra cosa que robar a costa del aumento de la pobreza territorial y de la fractura del tejido social.
Nadie podría negar que muchos congresistas que están en el capitolio nacional hayan escalado su posición valiéndose de procedimientos inmorales y crueles. Ellos, son los mismos que siguen abusando de su posición, normalmente no tienen sanción social porque ciertos personajes los encubren al beneficiarse de sus nefastas actuaciones. No escapa a la verdad que los altos funcionarios del Estado, en todos sus niveles, son postulados por los políticos. Córdoba, como cualquier otro departamento no es la excepción, y por lo tanto, es víctima de esa detestable costumbre que desbarajusta el sistema administrativo público.
En todos los municipios del departamento, empezando por Sahagún, de donde provienen la mayoría de los miembros de la representación cordobesa al congreso, los servicios públicos domiciliarios son pésimos, empezando por el de agua. Presuntamente se ha señalado al senador Musa Besaile Fayad, oriundo de esa localidad, como cabeza visible del escándalo de la CVS, y seguirá siéndolo, mientras las autoridades nacionales, los órganos de control y de justicia no aclaren el acertijo. Pero él no está solo, hay otros senadores y representantes que hacen parte del combo, porque tienen puestos y contratos recomendados al director de la CVS Elder Oyola Aldana.
POSDATA: Estaba escrito por el francés Napoleón Bonaparte: “Nada va bien en un sistema político en el que las palabras contradicen los hechos.”
