Edgar Vergara Figueredo
La planeación no puede ser una caja de pandora. A más tardar el próximo 30 de abril deben estar listos los proyectos de planes de desarrollo de los departamentos y municipios a la orden de las asambleas y concejos municipales y distritales para efectos de su estudio y aprobación. Se entiende que fue un trabajo arduo que se inició a partir de la recepción de la credencial por parte de los gobernadores o alcaldes, y una vez posesionados los respectivos secretarios de despacho, éstos entraron a acompañar la tarea legal y técnica emprendida por los nuevos dignatarios territoriales. En caso de haberse integrado un buen equipo con la participación de todos los secretarios, encabezados por los de planeación y hacienda, el resultado debió ser bueno.
Los planes de desarrollo tienen como finalidad la asignación eficiente de los dineros públicos obtenidos a través de los impuestos, las participaciones y las regalías, cuya finalidad es atender la solución de cada una de las necesidades básicas insatisfechas priorizadas y sentidas por las comunidades, con preferencia a satisfacer las de la población más pobre del respectivo departamento o municipio, a fin de alcanzar el bienestar social y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. El plan es un proyecto de gestión pública, que en muchos territorios es desconocido entre la misma comunidad, porque los propios gobernantes lo ocultan, llegando al extremo que ni siquiera los publican en la página Web, como es la obligación.
Se supone que la participación activa de las comunidades se llevó a cabo durante la preparación de los planes como lo dispone la ley, o por lo menos, hubo el suficiente acercamiento de las organizaciones sociales y las ongs en el debate que se realizó durante la etapa de la programación y elaboración de los proyectos de inversión. Concluida la primera fase de la planeación, sigue la segunda, que es el estudio y aprobación a cargo de las respectivas asambleas o concejos, la cual termina el 31 de mayo. A partir del 1° de junio empieza un proceso de armonización, mediante el cual se ajusta el presupuesto del año 2012 al plan, introduciéndose los proyectos contemplados en el plan cuatrienal de inversión aprobado.
Los planes de desarrollo tienen como finalidad la asignación eficiente de los dineros públicos obtenidos a través de los impuestos, las participaciones y las regalías, cuya finalidad es atender la solución de cada una de las necesidades básicas insatisfechas priorizadas y sentidas por las comunidades, con preferencia a satisfacer las de la población más pobre del respectivo departamento o municipio, a fin de alcanzar el bienestar social y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. El plan es un proyecto de gestión pública, que en muchos territorios es desconocido entre la misma comunidad, porque los propios gobernantes lo ocultan, llegando al extremo que ni siquiera los publican en la página Web, como es la obligación.
Se supone que la participación activa de las comunidades se llevó a cabo durante la preparación de los planes como lo dispone la ley, o por lo menos, hubo el suficiente acercamiento de las organizaciones sociales y las ongs en el debate que se realizó durante la etapa de la programación y elaboración de los proyectos de inversión. Concluida la primera fase de la planeación, sigue la segunda, que es el estudio y aprobación a cargo de las respectivas asambleas o concejos, la cual termina el 31 de mayo. A partir del 1° de junio empieza un proceso de armonización, mediante el cual se ajusta el presupuesto del año 2012 al plan, introduciéndose los proyectos contemplados en el plan cuatrienal de inversión aprobado.
Durante la fase de estudio (por las asambleas y los concejos), está la obligación de verificar la correspondencia de los planes con los programas de gobierno que hayan sido registrados al momento de la inscripción como candidato por el gobernador o alcalde electo. Ese mismo trabajo, se entiende, que lo realizaron los consejos territoriales de planeación antes del 29 de febrero pasado, sin menoscabo de la preferencia del gasto público social y la equitativa distribución del mismo entre la población más vulnerable del departamento o municipio. En otros términos, los planes deben sustentarse en el programa que hayan inscrito los candidatos en la respectiva Registraduría Nacional del Estado Civil.
A pesar de que la Ley 152 de 1994 lleva dieciocho años de vigencia, todavía resulta grave la falta de cultura en materia de planeación al no entenderse que ella busca la correcta aplicación del dinero del Estado, mientras que las comunidades siguen mostrándose escépticas en participar en las decisiones y vigilancia de la gestión pública. Como se presentan muchas fallas en el proceso planificador, sigue perdiendo la gente y ganan los corruptos, por eso cabe el deber de las asambleas y de los concejos de escrudiñar los proyectos de inversión presentados, y si es el caso, deben poner a rectificar a los señores gobernadores y alcaldes.
POSDATA: “Las leyes son normas, pero no dejan de ser armas”, lo había escrito el filósofo español Eugenio D'Ors.
