Edgar Vergara Figueredo
El escándalo promovido en el Concejo de Montería mueve al actual Alcalde a colaborar. Aún siendo que las entidades territoriales en Colombia gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, la autonomía está limitada por la propia Constitución Política y las leyes de la república. Es común los excesos en que incurren a diario los gobernadores, alcaldes y funcionarios en perjuicio de los derechos y el patrimonio de los departamentos y municipios. Sin embargo, a la luz del derecho, aun existiendo los órganos de control, también tiene facultad constitucional el Presidente de la República para ejecutar y velar por el cumplimiento de las leyes, herramienta que a pesar ser de suma trascendencia para el funcionamiento de los entes territoriales excepcionalmente es utilizada por el primer mandatario.
Esa facultad comprende: el mantenimiento del orden público y el funcionamiento eficiente de los servicios públicos. Como instrumento de control preventivo otorgado, el Presidente lo podría emplear en muchos casos frente a denuncias graves que suelen presentarse a diario en nuestras regiones. Así la intervención presidencial resultaría más oportuna que la de los órganos de control en que la indagación está sometida a unos protocolos engorrosos y a las interferencias políticas que nunca faltan.
En este momento no hay razón para que el municipio de Montería después de haberse acogido a la Ley 550 de 1999 a partir de enero del año 2003 a fin de sanear sus finanzas, ahora salga a relucir en el debate del Concejo Municipal que hay cerca de 100 mil millones de pesos que se adeudan con motivo de la existencia de 250 procesos judiciales que cursan en los juzgados de la ciudad (El Meridiano, 19 de mayo de 2012). Se sabe que el acuerdo de restructuración de pasivos tuvo un alto costo social asumido por la ciudadanía, por darle paso al pago de las obligaciones que habían sido reconocidas y contabilizadas como pasivos en vez de realizar inversiones en infraestructura necesarias para el progreso humano y el desarrollo local.
La denuncia en el Concejo no es de menor importancia, sobre su embrión hay dos probabilidades que los concejales deben esculcar: la primera, que otra vez el presupuesto y el tesoro se manejaron en el pasado por manilargas que defraudaron o dejaron el hueco, o que unos ficticios acreedores quieren pescar en río revuelto, presumiblemente, con el apoyo judicial. Uno y otro origen plantea la existencia de desorden administrativo y corrupción por lo cual los hechos no deben quedarse en simple discusión. Si la acusación tiene fundamento, como podría ser, es obligación de los señores Concejales, con miras a una pronta investigación, de formalizarla y ponerla en conocimiento de las autoridades correspondientes sin enmiendas que desvirtúen el tamaño del desgreño.
Nada más provechoso para Montería la intervención oportuna del control político destinada a evitar una nueva hecatombe administrativa y financiera igual o superior a la del pasado. El municipio de Montería no puede ser un corral sin dolientes y si verdaderamente hay gente decente en el Concejo, pues señores, sin culillo: ¡manos a la obra!
POSDATA: Había precisado el dramaturgo francés Ernest Legouve: “La cobardía es el miedo consentido; el valor es el miedo dominado.”
