Edgar Vergara Figueredo
Muchísimos colombianos viven indignados. Tanto de lo que sucede fuera de serie en lo más alto como en lo más bajo del poder, de las relaciones comerciales y de la sociedad. Un escándalo que hoy se tapa mañana flota en un lugar distinto. Y la gente se rinde, cansada de ver que no pasa un día sin que sus derechos o los de los demás son conculcados, y consolándose responde: ¡no hay derecho! Pero una minoría calla y prefiere echarle candado a la boca, en privado piensa de una manera y en público diferente: es el ladino. ¿Cuántos de los alborotos que estremecieron al país durante los últimos dos años quedaron definitivamente archivados en los despachos de los fiscales, de los jueces, de los tribunales, de las procuradurías, de las contralorías y de las superintendencias? En Colombia el escándalo es siempre flor de un día.
El indignado quiere saber cuál fue la suerte que corrió la montonera de denuncias que en el pasado se hicieron. El indignado se impacienta al ver la debilidad de la justicia, de los órganos de control y de las autoridades administrativas, cuando los servicios se aminoran, la obra pública queda en ruina y los dineros públicos se esfuman llenando la alcancía del ladrón. La salud está en crisis en todo el territorio nacional por culpa de los avivatos que se apoderaron del sector con la complicidad de la superintendencia del ramo. El presidente de SaludCoop ríe y disfruta de los beneficios obtenidos del negocio. La infraestructura vial nacional está desmejorada y la puerta abierta al derroche de dineros públicos si la pólvora que está en el Ministerio de Transporte no se asegura.
Uno de los presuntos autores del desfalco en el Distrito sigue suelto, bajo el efecto del licor y al compás de la banda y el acordeón, lo vemos en las corralejas y bailes populares que se celebran en la región regalando el dinero público timado. La corrupción toca a las cámaras de comercio como hace poco golpeó a Sayco. Y nada se sabe de otras organizaciones que viven de derechos cedidos por el Estado, derechos que son de propiedad de los colombianos, como las Cajas de Compensación Familiar y la Federación Colombiana de Municipios que no rinden cuentas.
Los planes publicitarios oficiales contra la corrupción son una falacia. El indignado encara la especulación de los bancos y el ventajismo de las mafias sobre el Estado que lo defraudan mediante la contratación y observa el contubernio entre rufianes en los municipios, en los departamentos, en los ministerios, en las entidades descentralizadas y en los sitios aquellos donde vierta el dinero público. El indignado también sabe que mientras no se castigue severamente al delincuente poco podría presentarse diferente en el futuro, enfrentándose a los políticos que astutamente prometen reformas para que las cosas sigan iguales.
En los negocios públicos y privados se ha perdido el ejercicio de la honestidad. Las licitaciones se convirtieron en factoría de trampas a la ley y espejismo de transparencia, permitiendo que se legitime la camorra poderosa que impone torcidas reglas en los procesos licitatorios y adjudicaciones directas. La pena del delito contra el erario público es insuficiente, es necesario de una drástica sanción económica que sienta el victimario que saquea, obligándolo a devolver al Estado la suma hurtada y una doblada o triplicada para reponer el perjuicio causado a la sociedad por la privación del bien o servicio afectado. En Colombia el que roba al Estado sale ganando, paga poquísimos años de cárcel y disfruta demasiado de lo apropiado inmoralmente lo cual fomenta la corrupción en vez de combatirla.
POSDATA: Un consejo del filósofo romano Cicerón a los ladinos: “Somos más sinceros cuando estamos iracundos que cuando estamos tranquilos.”
