Edgar Vergara Figueredo
Nada es extraño en el país. Los colombianos nos acostumbramos a tolerar que los miembros de la rama legislativa, ejecutiva o judicial cometan errores. Yerros, que luego, han dado lugar a consecuencias graves que los ciudadanos tienen que aceptar con resignación. Es un hecho común que la Fiscalía General de la Nación se haya convertido en un órgano permeable a los medios de comunicación y por esa causa la información detallada de los procesos a su cargo lleguen al público con mucha facilidad. Pero lo grave es que tanto su máximo jefe como los agentes que la representan no hayan evitado que eso suceda a menudo.
Por ese motivo hoy están en entredicho dos investigaciones que adelanta la Fiscalía, la de Sigifredo López por vínculos con la guerrilla y el asesinato de los diputados del Valle y la de las estudiantes Laura Moreno y Jessy Quintero y su compañero Carlos Cárdenas por el presunto homicidio del joven Luis Andrés Colmenares. Es tal la abundancia de información publicada, que entre la ciudadanía existe una confusión que no sabe a quién creerle. Lo grave es que cae el prestigio de la Fiscalía por esos dos casos y otros parecidos que se mantienen en expectativa. Ojalá que el ciudadano que ha seguido de cerca el asunto salga pronto de la incertidumbre en que se encuentra y exija responsabilidad.
Increíble que un coronel, investigado por la Procuraduría General de La Nación, haya ascendido tan fácil a general de la república cuando el proceso que se le seguía estaba vigente y hoy “se encuentra vivito y coleando y no se ha revocado, ni anulado, como se ha dicho erróneamente”, según afirma el actual Procurador Alejandro Ordóñez (19-06-12). La propuesta de ascenso del coronel Mauricio Santoyo surgió del Director de la Policía Nacional y la aprobación definitiva, sin mayor contratiempo, terminó el 7 de diciembre de 2007, después de haber pasado por las manos del Presidente de la República, del Ministro de Defensa y de la Comisión Segunda del Senado.
A propósito del caso del general Santoyo, vimos en la TV a un senador que en la época perteneció a la Comisión Segunda, diciendo que ellos confiaron en la postulación al provenir de distinguidos funcionarios (Presidente, Ministro de Defensa y Director de la Policía). Entonces: ¿para qué va al Senado la aprobación del ascenso de un general, si la Comisión Segunda no verifica la calidad del candidato en cuanto a antecedentes o posibles impedimentos? Tan en contravía es la declaración del Senador, que los que se apartaron de la mayoría y negaron el ascenso sí sabían quién era el aspirante.
La responsabilidad política es una limitación que tienen los que ostentan un poder político que los obliga a responder por sus actuaciones o abusos directamente ante el pueblo, como respuesta a la confianza que les han otorgado los gobernados. El presidente, los ministros y demás miembros del gobierno, los gobernadores y los alcaldes, por ejemplo, tienen responsabilidad política. El caso del general Santoyo, es uno de los que involucra a muchos funcionarios públicos, aunque hoy los responsables tranquilamente se hayan lavado las manos con declaraciones chimbas que repudia la ciudadanía.
POSDATA: Consejo del polígrafo español Francisco de Quevedo: “Pena justa de la idolatría lo que sucede a muchos que confían en hombres.”
