Edgar Vergara Figueredo
No es tan folclórico, como algunos creen, la tarea que ahora tienen que realizar los gobernadores y alcaldes para adecuar el presupuesto de 2012 aprobado por las asambleas y los concejos el año pasado, a los planes de desarrollo expedidos en mayo último. Se presume que pocas entidades territoriales se quedaron sin la aprobación de planes, en caso de no haberse expedido alguno, no hay duda que la culpabilidad recae sobre los mandatarios territoriales, o diputados o concejales respectivos. Ojalá que los responsables hayan procurado la aprobación de los planes presentados como lo manda la ley.
Durante el mes de junio debe hacerse la armonización y no es motivo para frenar el funcionamiento de la administración, es una costumbre irregular de algunos funcionarios pararlo con motivo del ajuste, sin embargo, como ciertos proyectos que hacen parte del programa de gobierno del nuevo mandatario no se encuentren en el presupuesto actual, los entes estarían comprendidos en la excepción. El mejor camino es que se continúen ejecutando aquellas apropiaciones, programas y proyectos que no se afecten por la puesta en ejecución del plan 2012-2015.
La armonización como trabajo técnico, implica, además de ajustes presupuestales, ajustes en el plan financiero, en el plan operativo anual de inversión y sin duda en el plan anual de caja. Esas operaciones obedecen a una metodología que no es de conocimiento ciudadano y no tiene por qué serlo, pero es una obligación que los funcionarios públicos sean sinceros y jamás empecinados embaucadores que contribuyan a enredar a la gente. Hay que explicar a la opinión pública y a la prensa, en caso de que lo soliciten, en qué consiste esa labor, pues es posible que alguna actividad se tenga que aplazar en junio mientras el proceso avanza.
El gasto social, que es aquél que tiene como objeto la solución de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) en sectores claves como el de la salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, vivienda, bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de la población con prioridad de la más pobre, como un todo, no es posible disminuir de un año a otro. En la tarea de asignación de recursos públicos, los políticos y los técnicos engañan a la gente, al quitarle el derecho constitucional de disfrutar de ese beneficio sagrado de incrementar anualmente el gasto social, invirtiendo el orden y reemplazándolo por otro distinto.
Tampoco es posible que los funcionarios públicos en la armonización se presten para trampear, incluyendo partidas, que de alguna manera desvirtúen el objetivo local, y si lo hacen olvidan la responsabilidad que tienen de defender los intereses del Estado sobre cualquier otra consideración. Es común que incluyan gastos para atender obligaciones inexistentes o amparar pasivos dudosos, que luego, con la complicidad de los mismos funcionarios, de abogados y de jueces se consolidan en deudas. Los gobernadores y los alcaldes, así no sean los encargados de hacer la armonización, tienen la obligación de velar para que las cosas se hagan bien.
POSDATA: “El político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones”, había señalado el político británico Winston Churchill.
