Edgar Vergara Figueredo
Todos los colombianos recuerdan al Senador Eduardo Carlos Merlano (él de los 50 mil votos) “caído de la perra” en Barranquilla, situación que dio lugar a la renuncia del general Óscar Pérez Cárdenas. Al Senador no le pasó nada, las investigaciones anunciadas se quedaron en protocolo de monipodio y en el quemeimportismo. Ese mismo drama lo habíamos visto antes y se hizo más común después del desplante alicorado del congresista. Los ciudadanos se aterran de las escenas desgarradoras que sobre accidentes de tránsito muestran los noticieros en la TV, provocados por conductores ebrios de automóviles y motocicletas. Conductores que matan transeúntes, a sus propios pasajeros y a los de los vehículos chocados.
En el país se destaca que entre las principales causas de muerte violenta están el homicidio que ocupa el 61% de los casos y los accidentes de tránsito el 22%. En el año 2011 por accidente de tránsito resultaron más de 5.000 personas muertas y un número superior a 38.000 heridos graves. Las muertes y lesiones por accidentes de tránsito son un problema que afecta a la población, la gente aunque no conduzca está expuesta a ese enemigo que es el beodo. Colombia ha estado en mora de contar con programas de prevención efectivos en la materia y una legislación que castigue severamente al chofer alicorado que deja dos o más muertos y otros tantos lisiados. Pero viene la decisión del Juez, el culpable sale derechito para la casa porque no es un peligro para la sociedad. ¿Y si el día siguiente se emborracha, conduce y mata? ¿Responde el juez? Jamás. ¡Se lava las manos!
El asunto es un rompecabezas que trasciende, a tal punto que la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) se ocupó de estudiarlo. Señala la organización que 1.3 millones de personas fallecen a causa de accidentes de tránsito y si no se toman medidas, muy pronto la cifra se elevaría a 2.4 millones de víctimas. Lo mismo pasaría con el número de personas que quedan con traumatismo y discapacidad que pasarían de 20 a 50 millones anuales. Igualmente indica que el 90% de los accidentes ocurren en los países de ingresos bajos y medianos, categoría en que está Colombia. Consecuente con la realidad la ONU proclamó el periodo 2011-2020 como el “Decenio de Acción para la Seguridad Vial”, plan que propone que se garantice la seguridad vial en todas sus formas y las respuestas tras los accidentes.
Es menester recordar que la ONU habla universalmente para el planeta que incluye un “amplio público, en particular los gobiernos locales y nacionales, la sociedad civil y las empresas privadas”, recomendando que deben comprometerse al objetivo común de acuerdo a la necesidad de cada país miembro. Colombia adoptó el Plan Nacional de Seguridad Vial 2011-2016, el cual tiene como propuesta principal reducir en cincuenta por ciento las muertes por accidentes de tránsito al 2016. Contempla reformas al código nacional de tránsito, regulaciones sobre el alcohol en la conducción y la velocidad y capacitación a conductores entre otras estrategias. A pesar de todo el Ministerio de Transporte anda a paso lento y está improvisando demasiado.
Por ejemplo, apenas aprobó el Congreso y sancionó el Presidente la Ley 1548 del 5 de julio de 2012 que establece castigo para los conductores que se nieguen practicar la prueba de alcoholemia. Un proyecto de ley que aumentaba las penas fue archivado recientemente por la plenaria de la Cámara de Representantes, sin que el Ministro de Transporte se hubiera declarado doliente o movido palanca para sacar una normatividad preventiva y drástica en materia de penas para el borrachito en el volante o en el manubrio.
POSDATA: ¿Habrá un colombiano que no sienta dolor cuando un conductor borrachito le mata a un familiar? ¿Habrá un colombiano que no sienta dolor cuando un familiar en estado de embriaguez haya matado a una persona y se le condene a diez o más años de cárcel?
