Edgar Vergara Figueredo
En Colombia se abre el debate para que el Procurador General de la Nación y el Defensor del Pueblo no sean funcionarios reelegibles. Las dos instituciones, con la Contraloría General de la República, integran los organismos de control del Estado. En la actualidad el Contralor General no es reelegible para el periodo inmediato. Los beneficios de la elección de las tres cabezas del control estatal se repartieron proporcionalmente, de tal manera que todos los congresistas participan al igual que los magistrados de las cortes y del Consejo de Estado, tocándole a cada uno un pedacito de la burocracia y de los privilegios del trío institucional.
El Procurador General de la Nación como supremo director del Ministerio Público, es elegido por el Senado de terna conformada por candidatos del Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. A su vez el Defensor del Pueblo que forma parte del Ministerio Público, es elegido por la Cámara de Representantes de terna elaborada por el Presidente de la República. El Contralor General de la República es elegido por el congreso en pleno (Senado y Cámara), escogido de una terna integrada por candidatos de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.
Como se ve el poder burocrático está bien distribuido, uno de esos funcionarios sale del Senado, otro de la Cámara y el tercero de la decisión conjunta del Senado y la Cámara. Tanto la burocracia como el presupuesto de esos tres órganos es grande, lo que da lugar a que cada participante en la selección y elección tenga derecho a una tajada, el Presidente de la República, aunque no lo necesita, tiene dos, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado se llevan dos y a la Corte Constitucional le queda uno del prorrateo total.
Cuando la Contraloría General de la República llegó a tener una nómina gigantesca de empleados, superior a la de la Procuraduría y otras entidades públicas, y el Contralor era autónomo de proveerla con los recomendados de los congresistas, surgieron los primeros problemas y se prohibió la reelección del Contralor. Esta misma situación está sucediendo con el Procurador y el Defensor, ambas instituciones gozan de una frondosa nómina, que da para todo. Allí tienen albergue la clientela y los parientes de los miembros del Congreso, de las dos cortes y del Consejo de Estado.
El Procurador Ordoñez Maldonado quiere repetir y tiene derecho, adelantado, como ternado inusitado y prematuro de la Corte Suprema de Justicia, sin la competencia de los otros dos de la terna, se abre paso a perpetuarse en medio de las más duras críticas, en momentos en que en su despacho hay innumerables investigaciones paradas contra congresistas envainados en actividades extrañas.
Para que ese espectáculo asqueroso no se repita, hay que abrir el debate para prohibir la reelección del Procurador y del Defensor del Pueblo y así quedarían los tres cargos de control del Estado en iguales de condiciones.
POSDATA UNO: Nadie sabía qué era la mina de Cerro Matoso, con la discusión que se armó por la prórroga del contrato con la Nación, la empresa se apresuró a publicitarse para que los colombianos supieran que existe, genera regalías y paga impuestos, aunque antes no se les había ocurrido nada de eso. Hay que preguntarles a los alcaldes que ha tenido Montelíbano en qué han gastado la plata que recibieron de regalías por la explotación del níquel en Cerromatoso. Con excepción de Rangel que está envainado con la justicia, los demás tienen los bolsillos llenos sin que se les haya investigado y castigado por los delitos cometidos y por enriquecimiento ilícito.
POSDATA DOS: Innegable la afirmación del escritor francés Louis Bottach: “La ambición es la gangrena del espíritu.”
