Edgar Vergara Figueredo
Cuando se estudiaba y posteriormente salió la ley de reparación integral a las víctimas del conflicto interno y de restitución de tierras (Ley 1448 de 2011) hubo más de uno que saltó del curubito para oponerse por considerar la norma demasiado costosa e inejecutable, también, otros, como afectos que fueron de los grupos paramilitares que en el pasado operaron a lo largo y ancho del territorio no la vieron ni la ven con buenos ojos.
Sin embargo, la ley camina y el gobierno nacional confía en que cumpla su objetivo de reparación, de modo que se reconozca la condición de víctima a los que hayan sufrido un daño “como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.” En síntesis, los enemigos acérrimos de la ley son los terratenientes, que de una u otra manera se beneficiaron del conflicto y se aliaron con sus promotores para comprar a los campesinos de Colombia muchísimas hectáreas de tierras a precio de huevo.
En ese momento, a pesar de que un sector de la sociedad se oponía al método de adquisición, los dueños de capital asociados a la autoridad política y militar de los paramilitares, consiguieron propiedades rurales a bajos precios, a todas luces despojando a sus pequeños propietarios. La amenaza y el homicidio triunfaron y crearon un sistema propio para la instalación de haciendas o terrenos de engorde. Este hecho es parecido a los sucesos que dieron lugar a la formación del sistema de propiedad rural en la colonia. La encomienda, las mercedes y las normas sobre poblamiento, colonización y asignación de tierras impartidas por la Corona española a favor de los peninsulares, contribuyeron a la formación de la clase propietaria en Colombia y en la América Hispana.
Esas instituciones y ventajas coloniales crearon un sistema de privilegios que dio inicio a la propiedad territorial privada, la cual se fortaleció con la explotación de la fuerza laboral indígena por parte de los nuevos dueños. Mientras los ricos y los señores de dineros ilegales tuvieron la oportunidad de apoderarse de las mejores tierras para la explotación o engorde de la inversión durante la era del paramilitarismo, en la colonia, los peninsulares apuntaron a conseguir las que estaban cerca de los territorios y de los resguardos indígenas porque les facilitaban mano de obra barata, sin importarles que el modo fomentaba el desplazamiento.
Los encomenderos de la época colonial que se convertían en grandes propietarios de la hacienda y la mita que hacía crisis (suministro de un número de trabajadores nativos al Estado, que aunque recibían un salario, estaban sometidos a jornadas de trabajos rigurosas), contribuyeron al derrumbe de los resguardos indígenas. Forzado el indio por la nueva relación de trabajo, se vio obligado a emplearse en las haciendas que se expandieron territorialmente, en tanto que la cantidad de tierras en poder de los nativos disminuían.
Finalmente, las haciendas, que representaban la apropiación de suelos y de fuerza laboral nativa, compitiendo con los resguardos, ganaron la batalla y terminaron siendo un producto del régimen imperante y el origen del sistema de propiedad privada en los territorios conquistados y colonizados. Se repiten similares escenas históricas: en siglos pasados, los conquistadores y colonizadores españoles con privilegios que le dio la Corona adquirieron las tierras y las explotaron y ayer, los paramilitares y sus secuaces con métodos violentos hicieron lo mismo, razón por la cual forman un dúo perfecto en nuestra historia patria creando similares estructuras de propiedad rural.
POSDATA: El tratadista italiano Leonardo de Vinci da una lección de gobierno: “Quien no castiga el mal, ordena que se haga.”
