Edgar Vergara Figueredo
En un artículo de opinión publicado en este diario el trece de abril del año en curso había sometido a consideración de los dirigentes locales la importancia de planificar la elaboración de los planes de desarrollo territoriales. Esa mala proyección que pudo darse entre enero y mayo del año 2012, lapso de tiempo durante el cual se hizo la formulación de los planes por parte de las autoridades y aprobación por las asambleas y concejos municipales o distritales, puede ser la causa de las consecuencias graves que hoy se afrontan. A pesar de la advertencia, hay evidencias en este momento que corroboran que por ese motivo, la ejecución de la mayoría de los planes tiene serios contratiempos que frenan la realización de los proyectos de inversión.
Tras el hecho reincidido por los gobernadores y diputados, alcaldes y concejales, se están presentando serios tropiezos que tendrían como resultado que los planes no se puedan cumplir a cabalidad durante el respectivo cuatrienio, cuando la ley establece el compromiso de las autoridades de llevarlos a su culminación. Tanto gobernadores como alcaldes y miembros de las mencionadas corporaciones ya comienzan a lavarse las manos, porque se encuentran seriamente comprometidos en la no ejecución de los proyectos de infraestructura incluidos en dichos planes.
En muchos de ellos la mayor debilidad se sitúa en el gasto, la proyección de ingresos, que es la fuente de financiación, no es consistente y en cierto modo falsa, como resultado de la ausencia de responsabilidad en la elaboración y estudio durante la aprobación. Ya es hora de entrar a hacer la evaluación de la primera anualidad, al considerar, como premisa, que el seguimiento de los planes se viene haciendo de manera responsable y oportunamente. Y además, que los planes de acción de cada secretaría o dependencia se construyeron con diligencia en junio pasado y se controlaron durante el año.
Con la oportunidad que demanda la ley de planeación, se espera que a principios del 2013 se tenga la evaluación de la gestión y resultados de los planes y programas de desarrollo e inversión, tanto de los respectivos departamentos como de los municipios, la cual, según la norma está a cargo de los organismos departamentales de planeación. Es una obligación de los gobernadores y alcaldes exigir que esa tarea esperada por la gente se haga, y por su parte, los medios de comunicación exigir que sea divulgada, puesto que durante el primer año de gobierno prospera la adulación y suele administrarse entre francachela. Si la evaluación no se hace bien, quedaríamos en ceros.
POSDATA 1: Cierto lo del historiador griego Plutarco: “El camaleón toma todos los colores excepto el blanco; el adulador lo remeda todo excepto la verdad.”
POSDATA 2: El canciller de Colombia en el 2001 era Guillermo Fernández de Soto, que aunque ahora nada se diga sobre él, se abrió su propio camino para luego llegar a formar parte del equipo negociador del litigio entre Colombia y Nicaragua. Y lo sorprendente, es que antes de conocerse el fallo de la Corte Internacional de Justicia, el ex canciller Fernández renunciara en julio pasado a la defensa de Colombia para atornillarse en un cargo como representante del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) para Europa. ¿Qué tal?
POSDATA 3: La crítica no es extrañar en el poder al ex presidente Álvaro Uribe, eso es cosa del pasado. La exigencia de los ciudadanos debe ser que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos se enfrente radicalmente a la violencia que se vive en el departamento de Córdoba.
