Edgar Vergara Figueredo
La administración de justicia es un servicio público esencial para el bien común y la protección del ciudadano, a la cual tienen derecho todos los colombianos. La eficiencia debe ser su nota de distinción, implica que los superiores: corte suprema de justicia y constitucional, el consejo de estado y el superior de la judicatura y la fiscalía general de la nación, piensen siempre en el servicio público, la paz y la tranquilidad de la sociedad. El fiscal, juez o magistrado moroso y que no se somete al imperio de la ley, estaría contribuyendo a la mala calidad del servicio. Con lo que pasa el ciudadano ha sido tolerante. ¿Pero hasta cuándo?
Las deficiencias que se observan en la justicia no son autónomas, muchas situaciones dependen de otras sin solución y forman parte del inventario de las principales causas de la improductividad. No se trata de malsinar a nadie, sino de reconocer una realidad que enfurece a quienes se ven obligados a recurrir a la justicia. Por el lado de los fiscales y jueces, siguen siendo obstáculos, la falta de preparación, los procedimientos dispendiosos, el desconocimiento en materia de computación, la morosidad y la corrupción a causa del papeleo. Los despachos de descongestión no han solucionado el problema del atraso y se repite más en las grandes capitales que en las pequeñas y poblados menores.
Por ejemplo, en Bogotá, la materialidad es notoria. Es bastante difícil que un juez pueda cumplir con la tarea de atender cientos de expedientes que le llegan a diario, pues el solo hecho que en la capital se presentan más de setecientas demandas por día, las cuales se distribuyen entre setenta y pico de juzgados municipales, es suficiente para entender el embotellamiento de la justicia que se extiende a lo largo y ancho del territorio nacional.
Así es que la cantidad de denuncias y demandas que son el afluente de los procesos judiciales que se amontonan en los despachos crece en proporción geométrica frente a la insignificante ampliación del servicio que aumenta en proporción aritmética. Incluso, las demandas de tutelas, los casos menores de violación a la ley y las mañas de los abogados litigantes para alargar los procesos, congestionan el procedimiento. Aún para este último caso no hay sanción, cuando es común y repetitivo.
Una mayoría de los señores magistrados no puede seguir pensando que la reforma a la justicia es exclusivamente para conseguir prebendas, aumento de salarios y alargamientos de periodos, mientras la otra nómina pasa hambre. Dos estructuras se dan, una rica y opulenta y la otra, pobre y mendiga. Despachos judiciales donde no hay nada y oficinas donde el lujo sobra. A lo anterior, se suman los bajos salarios que empobrecen a los de abajo y los elevados que enriquecen a los arriba.
En este asunto tiene una gran culpa el gobierno nacional que no ha sido capaz de construir una política pública al respecto, donde se le exija al juez y al fiscal y se dignifique su estatus. Bien se sabe que a la tutela hay que crearle su propia jurisdicción, que también hay que ampliar la conciliación para las pequeñas causas e igualmente reformar la Ley 497 de 1999 sobre jueces de paz, norma que a pesar de ser valiosa está en cuidados intensivos.
POSDATA: A los lectores: Les deseo feliz navidad y próspero año nuevo 2013. Y al presidente Juan Manuel Santos le pedimos, que además de reforma tributaria, deje en ejecución la transformación de la justicia que hace parte del proceso de paz.
