Edgar Vergara Figueredo
En una opinión emitida el mes de agosto del año pasado había anotado sobre Montería: que a pesar de su progreso material, todavía se ven barriadas y asientos subnormales donde la gente subsiste entre muchas carencias a falta de empleo, alimentos, vivienda, educación, salud y la niñez en precarias condiciones de higiene. Y sobre el departamento decía: que ha sido azotado por la violencia guerrillera, paramilitar y homicida y su capital, la principal víctima de la plaga criminal.
La educación no funciona cuando los escolares asisten a las escuelas y a los colegios sin haber comido bien. El hambre no puede permitirse en una región que es productora de carne, leche y alimentos, suministros tan necesarios para la nutrición de la gente y la niñez empobrecida. El actual alcalde de la ciudad Carlos Eduardo Correa y el gobernador del departamento Alejandro Lyons Muskus no son responsables de la situación agobiante de pobreza y violencia. Pero a partir del mandato estos dos jóvenes pueden ser autores de una salida alentadora y ejecutores prominentes de desarrollo.
Algunos actores, que podrían acusarse del atraso observado, siguen dirigiendo las colectividades políticas y sus senadores y representantes en el Capitolio Nacional atornillados. Sin desconocer la pasividad del sector privado representado por los gremios, que ha estado alejado del problema social cuando su obligación es la de participar aportando soluciones. Sin duda la falta de dinámica política en el departamento, como sucede en otros territorios del país, es un factor negativo que ha limitado la construcción de un tipo político renovado y más agresivo en cuestiones sociales y de progreso.
Lo que sí corresponde al alcalde de Montería y al gobernador del departamento es ejecutar los aportes presupuestales para obras que están proyectados para atender los planes de aguas, ciudades amables, vivienda para la gente más pobre y el aprovechamiento de los recursos propios con economía en gastos recurrentes. Es posible llevar a cabo lo que antes no se ha hecho, cuando existe un entusiasmo claro de los mencionados funcionarios que sobrepasa las expectativas ciudadanas.
Hay que mirar al río como fuente vital de la gente y de los pueblos ribereños. La construcción de los muelles que se anuncia, lo mismo que el alcantarillado y la ampliación de la cobertura del suministro de agua para los barrios del sur y de la margen izquierda del río y la reactivación del plan de aguas que había quedado inconcluso, son asuntos trascendentales. La ejecución total de las obras anunciadas por los dos funcionarios es suficiente para que ambos salgan de sus cargos como los mejores gobernantes de Montería y de Córdoba.
La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS), debe estar al servicio de la protección de los ríos Sinú y San Jorge y sus cuencas, evitando que sus recursos presupuestales se atomicen en pequeñas obras destinadas a satisfacer los apetitos políticos de algunos dirigentes que mandan allí. De lo que ha hecho el actual director para ponerle cura al asunto poco se sabe. La CVS merece la atención del gobernador de Córdoba y del alcalde de Montería, para evitar que se desatiendan sus funciones básicas y principales relacionadas con el medio ambiente, los recursos naturales, el agua, el suelo, el aire, las cuencas hidrográficas y el desarrollo sostenible. Por fortuna, el gobernador y el alcalde pueden poner los ojos allí, sin entenderse que con su intervención se estén extralimitando, al fin y al cabo la CVS es una institución al servicio de los cordobeses.
POSDATA: No podría negarse el pensamiento del sociólogo francés barón De Barante: “La prosperidad de los pueblos no puede nacer más que de su propio suelo.”
