Edgar Vergara Figueredo
Si bien a los departamentos, distritos y municipios les corresponde hacer la promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio de acuerdo a sus competencias, aún muchos están rezagados frente a ese compromiso. Mientras unos aprovechan la bondad de la descentralización administrando bien, otros, se apoyan en los aportes nacionales para hacer las obras y derrochar los impuestos locales cuando son afluente de financiamiento de la inversión pública. Por su parte, los gobernadores olvidan el ejercicio de la función de complementariedad de la acción municipal y descuidan la ayuda que deben prestar a los municipios en la financiación de las obras y servicios públicos.
Es menester recordar que la acción material de las entidades territoriales se inicia con el programa de gobierno del candidato ganador y continúa con la adopción por parte de las asambleas y concejos de los planes de desarrollo, los cuales, en teoría, deben tener en cuenta además de las atribuciones, que no se den omisiones y extralimitaciones por los encargados de la planificación, preparación, aprobación y ejecución de los planes.
Ante la ayuda del gobierno central con proyectos específicos, como el plan departamental de “agua potable y saneamiento básico” y el de “ciudades amables”, se congeló la utilización de los recursos propios de las entidades territoriales en la construcción de las obras públicas locales, en tanto que antes eran las fuentes financieras más destacadas de los presupuestos. Y hoy no se informa sobre esos recursos, que refundidos en las cuentas públicas, nadie sabe a dónde van a parar, ni siquiera en la rendición de cuentas anuales de los mandatarios se alcanza a conocer el destino.
No obstante haberse observado grandes cambios en la legislación sobre atribuciones y competencias de los departamentos, distritos y municipios a partir de la vigencia de la Constitución Política de 1991 y de la Ley 60 de 1993 que las distribuyó entre la nación y las entidades territoriales, todavía quedan muchos vacíos. Fue una normatividad que sacó a esas instituciones del marasmo administrativo y financiero en que se encontraban, en momentos en que apenas ejercían funciones mínimas de policía y hacían presencia insignificante en la solución de las necesidades poblacionales en crecimiento.
Sin duda antes de 1991 había una crisis de plata que alejaban a las entidades territoriales de toda posibilidad de ser actores de desarrollo local. Pero la situación cambió, cuando se les dotó de participación en las rentas nacionales y en las regalías y se dictó una reglamentación señalándoles en qué sectores sociales debían invertir los dineros provenientes de la nación. Aun así, sobrevino un derroche de recursos, llegando algunos gobernadores y alcaldes al límite del endeudamiento con el apoyo del sector financiero, situación que solamente se paró al entrar en vigencia las Leyes 550 de 1999 y 617 de 2000.
Como todo no es color de rosa. Departamentos, distritos y municipios todavía funcionan como ruedas sueltas. Lo grave es, que tanto la evaluación anual que hace el Departamento Nacional de Planeación como la vigilancia de los órganos de control del Estado todavía no descubren la trampa fiscal en que muchas entidades ocultan el destino de sus impuestos.
POSDATA: ¿Tuvo razón el poeta italiano Silvio Pellico?: “Los tiempos corrompidos son aquellos en que más se miente.”
