Edgar Vergara Figueredo
Se han construido más de una docena de políticas y estrategias sobre la violencia contra la mujer en su ciclo vital y los defensores de derechos humanos. Sin embargo, la violencia está presente entre los amenazados. El amenazado, aún protegido, se encuentra viviendo en un estado deplorable al no poder disfrutar de la vida libremente, los enemigos lo llevan a alejarse de la sociedad y lo peor, lo desmotivan a seguir viviendo.
En el departamento del Cesar muere recientemente Angélica Bello, activista y defensora de derechos humanos, cuya desaparición está en investigación por la presunción que tienen las autoridades de un suicidio, lo que no se descarta es que la desesperación y el sufrimiento la haya llevado a tomar esa fatal decisión. El desenlace es una muestra de la vida insegura que llevan muchas mujeres y hombres desplazados que reclaman el derecho de volver a sus tierras, muchos de ellos convertidos en defensores de derechos humanos.
Algunas organizaciones civiles han reconocido, que si bien, el actual gobierno ha fortalecido las medidas de protección, mediante la creación de la Unidad Nacional de Protección, falta mucho por hacer en materia de prevención y justicia. Las medidas preventivas son débiles, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, las gobernaciones y las alcaldías son indiferentes ante los hechos. La justicia es insuficiente, la Fiscalía General de la Nación y los jueces flaquean en materia de investigación y sanción frente a las denuncias que se vienen haciendo.
Las víctimas que se atreven a acercarse al despacho de un fiscal a denunciar un hecho violento, automáticamente se convierten en victimarias. Así se deduce de la entrevista de María Jimena Duzán con la desaparecida Angélica Bello en junio del año pasado, cuando hizo los ruegos al paramilitar del Casanare Martín Llanos para que le devolvieran a sus dos hijas menores secuestradas y la mayor violada, entonces se vio en sus ojos que salió más de una lágrima. A pesar del tiempo que había transcurrido de los sucesos, en la entrevista demostró encontrarse triste, indefensa y vulnerable.
Los colombianos estamos sobrados de legislación en la materia. Basta, las Leyes 1257 de 2008 sobre violencia y discriminación contra las mujeres y la 1448 de 2011 de atención y reparación a las víctimas del conflicto armado interno y las convenciones adoptadas por la Asamblea de las Naciones Unidas. A pesar de que hay un vacío en la acción de las autoridades establecidas, también miedo en muchos sectores de la sociedad que no colaboran con los organismos del Estado porque se sienten atemorizados por lo que les pueda pasar.
Al fin y al cabo, la defensa y conservación de los derechos humanos ya sean civiles, políticos, ambientales, económicos, sociales, culturales, sexuales o reproductivos, son una obligación del Estado y responsabilidad moral de los ciudadanos. Individualmente, hay que abordarlas con mucho valor como objetivo común.
POSDATA: Del filósofo francés barón de Montesquieu: “Los más desgraciados no son los que sufren la injusticia, sino los que la cometen.”
(22-02-13)
