Edgar Vergara Figueredo
Es explicable
la codicia que existe entre los sectores políticos regionales para apoderase de
los gobiernos departamentales y municipales. Sin duda, el atractivo principal
es la cantidad de plata que manejan las entidades territoriales. La mayoría de
ellas constituyen el botín del despilfarro y del robo alejado de todo control
público y ciudadano. Algunas operan
mafiosamente. Son instituciones que concentran el poder político
regional, distribuido en treinta y dos gobernaciones y más de mil cien
alcaldías. Cada una tiene uno o varios dueños con su pila que reparte puestos y
contratos.
Según las
últimas cifras de 2011, consolidadas por el Departamento Nacional de Planeación
(DNP), los departamentos manejaron durante ese año más de veinte billones de
pesos y los municipios más de treinta y siete. El cálculo para el 2013, indica
que los departamentos están administrando veinticuatro billones y los
municipios cuarenta y dos billones aproximadamente. En total son sesenta y seis
billones de pesos al año.
En resumen,
los entes territoriales, en conjunto, administran anualmente recursos
equivalentes a más de las dos terceras partes del monto del presupuesto general
de la nación (ciento ochenta y cinco billones de pesos) y casi cinco veces más
que el Distrito Capital de Bogotá (un poco más de trece y medio billones de
pesos anuales). Los datos nos dan una idea del tamaño del poder fiscal de los
departamentos y municipios que es lo que atrae a los políticos locales.
En la
trayectoria de la toma de las administraciones departamentales y municipales
por la clase política local se ha visto de todo. Los que ganan las elecciones,
normalmente tienen vínculos con el crimen, o el paramilitarismo, o el narcotráfico, o los negocios ilegales o la
corrupción administrativa. O en el extremo, para conseguir el poder combinan
esas formas irregulares para adueñarse de las gobernaciones y las alcaldías.
Hay pocas excepciones.
Se quiere
que los políticos cambien de un día para otro. Los órganos de control estatal
hacen parte del aparato político y lo consienten, pues, es común el
constreñimiento o fraude al sufragante y demás infracciones a la ley penal
sobre delitos contra los mecanismos de participación democrática. En los comicios
electorales se práctica una combinación de todas esas formas de corrupción que
están prohibidas y que las autoridades nunca investigan, puesto que en la
mayoría de los casos las pruebas son insuficientes y los testigos se retractan
frente a la delincuencia organizada que los amedranta. ¡Reina el facilitismo!
Lo que pasa
en el departamento de La Guajira con el gobernador Juan Francisco Gómez
Cerchar, aterra a la opinión pública, lo acusan de vínculos con la mafia de la
gasolina y con la criminalidad local. A pesar de tener todo en contra, la
Fiscalía y la Procuraduría tienen poca información sobre lo que allí ocurre.
POSDATA
1: Estaba dicho por
el poeta romano Publio Siro: “Es preciso tener una oreja sorda para las cosas
malas.”
POSDATA 2: ¿Será que las empresas de telefonía
celular le devuelvan a los ciudadanos la plata que cobran demás por la caída de
las llamadas? Increíble. El Ministro de Tecnologías de la Información apenas se
pellizcó cuando el Presidente Santos fue víctima de una de esas empresas.
(17-05-13)
