¡GATO POR LIEBRE!

Todavía hay muchos departamentos y municipios que siguen marchando al compás de la ejecución de los acuerdos de reestructuración de pasivos, los cuales celebraron en concordancia con la Ley 550 de 1999. La gobernación de Córdoba, el municipio de Montería y otros del departamento suscribieron acuerdos de reestructuración. Cuando se expidió la mencionada ley, las finanzas públicas de las entidades territoriales se encontraban en difícil situación, estaban agobiadas por la cantidad de deudas como consecuencia de una pésima administración de los ingresos públicos, muchos gastos se habían ordenado por fuera del presupuesto aprobado. Eran operaciones que se efectuaban sin control administrativo y fiscal.


Aunque el propósito principal de los acuerdos de reestructuración de pasivos sigue siendo el ordenamiento y saneamiento de las finanzas de las entidades que se sometieron al mandato de la Ley 550, todavía hay algunas que no encuentran la finalización y continúan modificando los acuerdos, por ende ampliando el plazo de cierre del proceso, que es, el momento cuando queden pagadas la totalidad de las acreencias. Mientras tanto, sigue la plata con que hoy cuentan los territorios empeñada a los acreedores del pasado, por lo cual la receta está resultando peor que la enfermedad.

Hay que recordar que el desorden existente en los departamentos y municipios que suscribieron acuerdos de reestructuración era de tan grande, que en medio del caos administrativo que había se colaron pasivos fabricados a última hora, en virtud de que era preferente satisfacer el apetito de los jefes de la politiquería local, imponiéndose el arbitrio de los gobernadores y alcaldes para la expansión anárquica del gasto público.

Incluso, los acuerdos de reestructuración de pasivos sirvieron para lavar presuntos compromisos que ni siquiera contaban con apropiación presupuestal, ni con el rigor de las normas de la ley orgánica del presupuesto o de las ordenanzas y acuerdos sobre la misma materia. Sin duda, mediante este sistema, se defraudó al tesoro público territorial en una cuantía indeterminada que por ahora nadie estaría interesado en esculcar. De un plumazo, todo lo torcido entró en el inventario de deudas y se reconoció.

Le metieron gato por liebre a las administraciones locales. Vendieron la idea de que con ese procedimiento se presentaría un desahogo financiero, que realmente pudo ser efectivo, pero en ciertos casos, con las irregularidades que se cometieron, se ha transformado en una enorme carga fiscal sin horizonte cercano de conclusión, con el agravante de que dichos acuerdos pueden modificarse incorporando nuevos pasivos, lo cual se ha convertido en una práctica común. Ante esa situación, la capacidad de control del Ministerio de Hacienda ha resultado ineficaz.

POSDATA 1: Recordando al escritor inglés Aldous Huxley: “Los problemas no dejan de existir porque nosotros pretendemos ignorarlos.”

POSDATA 2: El joven de veintidós años de edad, Luis Ángel Rengifo Gaona, por hurtar un bolso a una mujer fue juzgado rápidamente y condenado a diez años y seis meses por hurto calificado grave por el juez noveno penal municipal de conocimiento de Ibagué y de inmediato fue recluido en la cárcel Picaleña de esa misma ciudad. Sin embargo, para mencionar solo dos casos, los que se robaron a Bogotá siguen tranquilos, en tanto sus procesos penales se dilatan. Y los que saquearon a Saludcoop, están libres, disfrutan del dinero timado y del rendimiento de las inversiones realizadas con la plata de la salud de los colombianos.

(12-07-13)