Los ministros, directores de entidades y empresas oficiales, los gobernadores, los alcaldes y los parlamentarios deben hablar más claro cuando se trate de mostrar la intervención del Estado mediante la ejecución de obras o inversiones públicas. En vez de enunciar la acción estatal en billones o millones de pesos, es mejor especificar concretamente, informando a la gente, por ejemplo, que se hicieron o se harán tantos kilómetros de carreteras, tantas escuelas, tantos hospitales, tantas casas, tantos acueductos, dando el sitio preciso beneficiado del país.
Parece ser que fue en vano el esfuerzo de la corriente económica de los años setenta que impulsó un cambió en el lenguaje de los dirigentes y políticos respecto a las inversiones del Estado, teniendo como fundamento la propuesta de adoptar la metodología en el sector público de presupuesto-programa, encaminada a romper con lo que se venía haciendo en materia presupuestal tradicional consistente en anunciar simplemente el gasto, sin dar detalle sobre su aplicación específica. Fundamentalmente, se quiso que la comunicación fuera más clara entre dirigentes y gobernados para evitar la confusión y el asentamiento del populismo como medio de comunicación de los políticos. Pensando en que al ciudadano de a pie lo que le interesa es saber lo que el gobierno hace y no lo que el gobierno gasta.
Mientras crecen las necesidades poblacionales, entre los gobernantes y dirigentes aumenta la inercia y la falta de gerencia para resolver los problemas del país. Siempre que surge uno, es común que los políticos salgan a decir que lo que pasa es que hay una deuda social del Estado con la región, con lo cual pretenden eximirse de responsabilidad. La palabrería sale de la boca de los burócratas de la política que han sido los mismos que siempre han participado en los gobiernos de turno. Y así lo estamos observando en el caso de la protesta que se realiza en el Catatumbo.
Con este método de dirigirse a los ciudadanos y actuar le están haciendo un grave daño a la nación y contribuyendo a abrir más la brecha entre transparencia y corrupción. Los dos últimos gobiernos nacionales han sido los protagonistas de esa pésima costumbre, anunciando cifras de inversiones que no caben en un tablero de escuela. ¡Es demandable que el Presidente Santos sea el primero en corregir y dar ejemplo!
POSDATA 1: Un buen consejo del tratadista español Fray Diego de la Vega: “Gran fuerza de luz es menester para romper las tinieblas.”
POSDATA 2: Según la policía: están poniendo un comparendo cada cuarenta y tres minutos a conductores alicorados. En el año 2012 por cuenta de esos ebrios murieron doscientas sesenta y ocho personas y fueron lesionadas mil cuatrocientas veintiuna y en el año 2013, hasta la fecha, perecieron doscientas veintinueve y salieron lesionadas mil doscientos sesenta y uno. O sea que si la situación continúa así, el resultado al finalizar el presente año es fatal. Concluiría la anualidad con cerca de quinientos muertos y más de dos mil quinientos lesionados, cifras escandalosas frente a las del año pasado. En algunas ocasiones el conductor borracho que mata a una o a varias personas, ha sido penalizado con pocos años y consigue la casa por cárcel, o como recientemente sucedió, es llevado a una clínica para que pase el guayabo, con la presunta complicidad de la policía que atiende el caso. El simple hecho de atreverse a manejar un automóvil con un trago en la cabeza, debe ser motivo para que la persona vaya a la cárcel y le sea suspendida su licencia. Es decir, la sanción debería ser ejemplar para el conductor y paradigma para la sociedad en general.
(19-07-13)