Edgar Vergara Figueredo
El debate ha probado que
los productores de cemento en Colombia hacen lo que les da la gana y acuerdan
el precio del bulto o tonelada sin importarles un carajo. Argos, Cemex y Holcim
son las principales empresas dueñas del mercado. ¿Y dónde queda la intervención
del Estado cuando se trate de racionalizar la economía con el fin de conseguir
el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes?
Nadie ha podido con
Claro que abusa con sus contratos de letra menuda, tampoco con los laboratorios
que especulan con los medicamentos y los bancos y entidades financieras que
abusan con las altas tarifas, ni con los fabricantes e importadores de insumos
agrícolas que encarecen los productos de primera necesidad, tampoco con los
ministros de hacienda y minas de turno que imponen el alto precio del galón de
gasolina y menos aún con las empresas de servicios públicos que crecen las
facturas por encima de la tasa de inflación.
En Colombia, las
conductas así desarrolladas están prohibidas por el régimen de competencia. Sin
embargo, se ve que las comisiones de regulación respectivas, la
superintendencia de industria y comercio y las otras del correspondiente ramo,
son incapaces de frenar el abuso. ¡Pura politiquería! A pesar de que las
autoridades cuentan con las herramientas sobre régimen de competencia, se ha
demostrado que es más fuerte el poder que tienen los dueños de las empresas y
sus agremiaciones que los consumidores en su soledad.
El Estado
ha fallado en el cumplimiento de sus competencias, cuando es su obligación
ejercerlas con la prontitud y la seriedad del caso. Hemos soportado el
funcionamiento de instituciones sin capacidad para solucionar los problemas que
surgen entre los ciudadanos y los empresarios. La autoridad anda por un sendero
contrario al estatuto del
consumidor que estable como derecho de los consumidores el de elegir libremente
los bienes y servicios, lo cual exige como contraprestación la obligación de
los productores de entregarlos al menor precio y la mejor calidad.
El papel del Estado y el
reto de la sociedad es procurar que los ciudadanos y especialmente los pobres,
empiecen la ascensión por la escalera del desarrollo económico, que entre
tantos disfrutes básicos, prescribe la participación de las personas en el
ofrecimiento del mercado. El monopolio o el oligopolio impiden que la gente de
menores ingresos mejore sus condiciones de vida, cuando en su predominio
mercantil, esa práctica afecta el ingreso disponible del público porque éste tiene
que desatender la satisfacción de otras necesidades que surgen de la oferta
tecnológica y de las nuevas formas de consumo.
¿Dónde está la libre
competencia? No se ve, porque la mayoría de nuestras empresas se desempeñan a
su antojo, pensando más en la especulación que en la productividad y con la
complicidad de las débiles instituciones oficiales, que les dejan las uñas
libres, encarecen, imponiendo los hábitos propios de los mercados imperfectos
que especulan y se enriquecen ilícitamente a través de las altas rentabilidades
de los negocios. Así se viola la Constitución Política, al dejar que se ejerza
la posición dominante, cuando dos o más empresas se unen para fijar los precios
de sus productos o servicios, o cuando las respectivas agremiaciones las apoyan
haciendo igual ejercicio para conseguir el mismo fin.
POSDATA: El Estado dice en público que todo anda bien,
pero en privado sabe que camina mal. Como dijera el economista Jeffrey Sachs:
“Estamos atrapados en un juego de sombras.”
(09-08-13)
