Edgar Vergara Figueredo
A estas
alturas, transcurridos veinte días de la iniciación del paro agrario, los
habitantes de Boyacá, Caquetá, Cauca, Cundinamarca, Huila, Nariño y Putumayo
siguen sufriendo sus consecuencias. Lo cierto es que la mayoría de los
campesinos indignados están en el centro y sur-occidente del territorio, pero
por lo que se observa en la Costa Caribe no hay descontento, esporádicamente se
presentaron pequeñas grescas sin mayor trascendencia, lo cual da a entender que
esta zona del país carece de campesinos. ¿O será que no salieron porque
tuvieron miedo a la represión?
Para
resolver un problema de los habitantes de Colombia hay que dictar una ley, es
la sentencia tradicional. De esa manera piensan los dueños del gobierno de
turno y la dirigencia nacional cuando enfrentan un malestar ciudadano. Es una
forma de evadir la responsabilidad que tienen los políticos y los altos
funcionarios del Estado de resolver los conflictos surgidos de la propia vida,
de las necesidades públicas insatisfechas, de las relaciones entre los
ciudadanos y el Estado y entre éstos y las empresas privadas.
El paro
agrario fue de gran magnitud por haber estallado casi simultáneamente con el de
los mineros, el cual venía siendo apoyado por otros grupos sociales indignados
por la situación de marginamiento y de pobreza. Algunas ciudades y pueblos
fueron aislados a causa de los bloqueos de carreteras y del vandalismo
descontrolado que ejecutó la violencia y el saqueo a los abastecimientos, dejando
a la población sin suministro de alimentos y bienes vitales con destrucción de
la riqueza de personas ajenas a la queja popular.
El gobierno
nacional entró en una etapa de galimatías mental, que bajo el pretexto del
ejercicio democrático, facilitó que el pillaje se tomara la protesta. La
ausencia estatal fue notoria en cuanto a ministros, viceministros y secretarios
que no atendieron con prontitud el reclamo de la gente. Lo que es claro es que
hay un reparto de atribuciones entre los ministerios y entidades estatales que
no daría lugar a justificación de la negligencia en momentos en que se
necesitaba el resplandor. A los ministros correspondientes les haría bien un
tratamiento de tanatoestética o la renuncia. Con autorización superior, la
ausencia ministerial se reemplazó con la presencia del secretario general de la
presidencia de la república Aurelio Iragorri descendiente de la casta política
recalcitrante de Popayán.
Bien se
sabe que los colombianos tienen demasiados derechos, derechos que están
establecidos en la constitución política y en las leyes, pero son limitados por
los deberes y obligaciones que les imponen las mismas normas. Así como a las
personas se les garantiza la libre asociación y al pueblo reunirse y
manifestarse públicamente, la talanquera está en que deberá hacerse de manera
pacífica. En caso de quebrantarse uno de los deberes, como sucedió, hubo lugar
al desorden y a la violencia.
El paro
agrario se salió del carril, ya que la regla del respeto de los derechos ajenos
y no abusar de los propios fue desatendida. El presidente de la república
cuando desconoció el monstruo de la queja cometió un error y aunque
posteriormente lo reconoció, el daño ya estaba hecho. Una vez retractado, el
comportamiento presidencial fue de tolerancia frente a los excesos que estaban
en marcha y pronosticaban un desarrollo libertino que fue aprovechado por
grupos antisociales apoyados por facciones políticas en ascenso. ¿Esto quedará
como experiencia para el segundo periodo presidencial de Santos?
POSDATA: Presente el
consejo del dramaturgo inglés Bernard Shaw: “Los hombres son sabios en
proporción no a su experiencia, sino a su capacidad para la experiencia.”
(06-09-13)
