Edgar Vergara Figueredo
No faltan la protesta y el reclamo con derecho.
Ahora es la Universidad San Martín la que viene atravezando una gran crisis
institucional. Cuando a uno le cortan la luz y el agua es porque anda muy mal
económicamente, o el amo de la casa se tiró la plata, o se llevó los trastos y
la dejó sola. Y si es empresa y sucede eso, cualquiera que sea su naturaleza,
está en la quiebra y admite la intervención del Estado, y cuando se trata de la
educación que es un servicio público, es pertinente la protección estatal.
Vamos por parte y así se arma el rompecabezas.
No es la primera vez que la Universidad San Martín está en caída. La audiencia
está abierta y la acusación formulada por los estudiantes, educadores y mandos
medios directivos del claustro, los cuales saben por donde es que va el agua al
molino. Conocen en detalle la triquiñuela y la han puesto en conocimiento
público de las autoridades, precisamente en el escritorio de la ministra de
educación nacional con la respectiva radiografía del desastre administrativo y
financiero.
El escenario conformado por más de dieciocho
mil estudiantes reivindicando el mínimo derecho a recibir educación y más de
tres mil quinientos maestros a impartirla. Los alumnos reclamando el sudor de
la tarifa que pagaron sus padres y los profesores exigiendo los emolumentos del
trabajo prestado. La algarabía llama la atención, se siente en el vecindario de
cada una de las sedes académicas de la San Martín, mientras el responsable
disfruta de inversiones florecientes en una finca cundinamarquesa.
A pesar de que hace tanto tiempo se abrió la
audiencia, el escenario se aviva y por lo tanto crece la audiencia, sin que el
edificio del ministerio del ramo atienda prontamente la incriminación pública
peligrosa para la estabilidad del sistema educativo superior privado, cuyo
ejemplo de desgreño de la San Martín tiene similitud con hechos que han
sucedido en otras universidades que están en el ojo del huracán de la autoridad
competente.
La ministra de educación Gina Parodi no debe
tomarse tanto tiempo. Su obligación es responder la acusación y cerrar la
audiencia para que los dueños de la educación privada no hagan fiesta con la
plata de los padres de familia que son los que la sostienen. La Ley 30 de 1992
no es tan laxa como se quiere mostrar, es inflexible, al considerar el sector
educativo superior como servicio público
cultural, inherente a la finalidad social del Estado.
Para el examen del caso, la Ley 30, señala que
la inspección y vigilancia de las universidades corresponde al presidente de la
república y su artículo 32 hace una advertencia que los dueños y señores del
negocio se tapan los ojos para no verla: “quien invierta dineros de propiedad
de las entidades (se refiere a universidades) en actividades diferentes a las
propias y exclusivas de cada institución sería incurso en peculado por
extensión.”
Tanto el Fiscal General de la Nación como el
Procurador tienen la puerta abierta para actuar en las investigaciones y si hay
lugar, acusar y sancionar, en su orden. Si bien, la atribución del Procurador
no se extiende a los propietarios de la universidad San Martín, su jurisdicción
abarca a la ministra de educación, que podría estar incursa en violación,
omisión y extralimitación de la ley. La experiencia enseña que la Ministra Parodi
tiene que salir de la inercia y no ser permisible ante el descalabro de las
universidades.
POSDATA: León Tolstói, novelista ruso, lo había dicho: “Es más fácil
hacer leyes que gobernar.”
(31-10-14)
