Edgar Vergara Figueredo
La gran mayoría
de colombianos está en contra del maltrato de los animales, son minoría los que
lo aceptan o lo promueven por encontrarse en la ignorancia y otros que
consideran los abusos de esas criaturas como parte de una tradición cultural. Los
hechos sucedidos escalonadamente con un toro en Turbaco, Bolívar; con unos
gatos en Tuluá (corregimiento La Marina), Valle del Cauca; y con un caballo en
Buenavista, Sucre, son muestras contundentes del atropello aberrante del reino
animal.
A pesar de estar
vigente la Ley 84 de 1989, considerada estatuto nacional de protección animal, ayer
como hoy es una norma verbosa y a la vez quimera. Si bien la finalidad
principal era proteger a los animales del sufrimiento y dolor y además, erradicar
y sancionar el maltrato y los actos de crueldad causados directa o
indirectamente por el hombre, se le puso una cortapisa con una excepción que
contrarió el objetivo principal y desvirtuó el andamiaje jurídico sustancial de
la norma.
Los legisladores
que participaron de buena fe y la redactaron creyeron que iba a ser efectiva,
pero como siempre, su objeto fundamental lo suicidaron, al incluirle el
susodicho mico que tiene más parecido a un orangután. Fue así como se excluyó el rodeo, el coleo, las corridas de toros, las
novilladas, las corralejas, las becerradas, así como las riñas de gallos y los procedimientos
utilizados en esos espectáculos. De esta manera lo que vimos en Turbaco y
Buenavista queda saldado y no hay culpables, toro comido y caballo repartido.
Como la misma ley
consideró las violaciones simples contravenciones, contravenciones que en caso
de comprobarse, los infractores pueden ser sancionados por los alcaldes y en segunda
instancia por los respectivos gobernadores. Quedan pendiente los organizadores y ejecutores de la
carrera de gatos en el corregimiento La Marina de Tuluá, que sí deben ser castigados
por el respectivo alcalde del municipio, aunque esto es poco probable, los
gatos no dan para tanto y menos aún en época preelectoral en que el jefe de la
administración está ocupado en las tareas de montar en el puesto a su sucesor.
Es una terquedad meter en ese
lío a la fiscalía general de la nación que está atiborrada de peculados
próximos a quedarse en la impunidad. Pero lo que sí es viable es que el
congreso se ocupe de revivir la mencionada Ley 84 de 1989 reformándola, y
penalice el maltrato animal en cualquiera de sus formas, aboliendo las
excepciones contempladas en dicha ley. Cuando se abra el debate, vamos a ver
resurgir la doble moral, los hipócritas del congreso y de la gran prensa
saldrán a defender las corridas de toro que anualmente se llevan a cabo en
Bogotá (suspendida), Manizales, Cali, Medellín y otras ciudades del país.
No hay
acontecimiento en que más se maltrate al toro y al caballo del picador que en las
corridas de plaza. Desde que el animal sale empieza la tributaria crueldad. Las
banderillas que le clavan (monstruoso), el enorme chuzo del picador (atroz), el
estoque del torero (brutal) y finalmente el instrumento punzante de descabellar
(inclemente). Es un espectáculo bárbaro al son de pasodoble.
POSDATA: ¡Señor Presidente! Si no se hace la gran reforma que
necesita la rama judicial, es imposible mantener la VIDA y alcanzar la PAZ en
Colombia.
(23-01-14)
