Edgar Vergara Figueredo
Los grandes crímenes y escándalos llegan a los medios de comunicación y
así como arriban tras los días se
esfuman con mucha facilidad. La prensa pasa la hoja, olvida lo ocurrido y la
ciudadanía queda en la oscuridad como al principio sin saber si la justicia
actuó o echó todo en el saco roto del olvido. Eso está pasando con el maltrato
y los crímenes de menores. Es el Código de la Infancia y la Adolescencia el que
desarrolla la manera de materializar toda la retahíla de derechos y de
protección de los menores.
Así es como las personas de menos de 18 años son sujetos titulares de
derechos de acuerdo con este código, el cual define que son niños y niñas los
que se encuentran en edades de cero y doce años y adolescentes entre doce y
dieciocho. Sus derechos empiezan con medidas preventivas de protección ante la amenaza
o vulneración y siguen con toda acción o conducta que causen muerte, daño o
sufrimiento o maltrato físico, sexual o sicológico, de tal manera que se garantice
el ejercicio de sus derechos y libertades, los cuales están consagrados en los
tratados internacionales de derechos humanos, en la constitución política y en
las leyes del país.
La referida protección y desarrollo integral de la ley se refiere a la
calidad de vida del menor, en donde se le asegure desde la misma concepción
cuidado, protección, alimentación nutritiva y equilibrada, acceso a los
servicios de salud, educación, vestuario adecuado, recreación y vivienda segura
dotada de servicios públicos, con derecho a tener y crecer en el seno de la
familia y la comunidad en un ambiente de felicidad, amor y comprensión.
Si realmente el Estado, o la familia, o la sociedad, como garantes,
cumplieran con el mandato legal no habría lugar a lamentar tanto indolencia que
se comete contra la infancia. En todas las situaciones de vulnerabilidad hay
una responsabilidad que empieza por el ICBF, que es el órgano rector de la
protección del menor, seguido por la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría
del Pueblo, el Consejo Superior de la Judicatura, la Policía Nacional, los Jueces,
los Defensores y los Comisarios de Familia. En efecto se involucra a la
comunidad, cuando ésta calla a pesar de tener conocimiento sobre hechos de maltrato.
Recientemente vimos el espectáculo en el caso de los cuatro menores que
fueron asesinados en la zona rural del municipio de Florencia, en medio de la
alharaca pública muchas instituciones estatales sabían lo que sucedía y no
actuaron. Este suceso tapó otro que se daba casi simultáneamente en La Vega,
Cundinamarca, en donde un niño de seis años fue torturado, asesinado y
desmembrado.
No hay una justificación para pensar que solo el delito contra menores se
erradicaría o disminuiría estableciendo la pena de muerte o la cadena perpetua.
Basta con aplicar la actual ley penal eliminado toda clase de rebajas por
estudio y buen comportamiento del prisionero, ya que las penas van hasta
sesenta años, así por ejemplo, una persona condenada de veinte saldría de la
cárcel a los ochenta, piénsese en una de treinta o de cuarenta posiblemente morirían
en el lugar de prisión.
POSDATA: Dicho por el satírico italiano Décimo Junio Juvenal:
“Nada sucio, torpe o deshonesto, a la vista o al oído, debe producirse donde
esté un niño.”
(20-02-15)
