Edgar Vergara Figueredo
No es la
primera vez que se observa la presencia de sujetos encapuchados en la
Universidad de Córdoba. Lo que empieza mal termina peor. Aunque pareciera una
amenaza menor, no lo es. Fue una intimidación mayor, concretamente cuando se
atenta contra la libre expresión, la autoridad universitaria y la seguridad de
las mismas personas. La situación es repetitiva. Los hemos visto en las
protestas periódicas callejeras tirando piedras y dañando propiedades, aunque
es común en otros centros de educación pública, son irregulares por cuanto
conllevan al vandalismo que no corresponde al comportamiento culto que debe
tener el estudiantado.
Yendo hoy
por partes. La Universidad de Córdoba en su vida y por tiempo ha estado
atrapada por la politiquería, la guerrilla y el paramilitarismo, como derivado
de esta situación ninguna de las tres
orillas le ha dado un provecho académico o administrativo que realmente hubiese
engrandecido la ciencia o la investigación, o a sus educadores y educandos. Los
tres bandos que ejercieron el poder han sembrado el odio, la zozobra en la
comunidad y la inestabilidad institucional.
Sin
embargo, la universidad ha sobrevivido a todas esas incursiones. A la sociedad
civil le ha importado muy poco lo que pasa allí, más bien ha sido la
inmovilidad la moda y la atención rezagada dándole ventaja a los actores
negativos que la han administrado últimamente. Los encapuchados que se
reunieron el 18 de febrero pasado con la rectora Alba Durango Villadiego y unos
miembros del Consejo Superior (se desconocen los nombres), fue para ellos dar
órdenes sobre asuntos administrativos.
Pues la
complacencia rectoral fue la nota de la tertulia al escuchar a unas personas
encapuchadas, cuando lo correcto era solicitarles la plena identificación. A no
ser que el movimiento de los sin rostro, bajo el nombre Juventudes M-19, tengan
licencia para mandar en el claustro, cuestión que resultaría sumamente grave y
peligrosa para la seguridad de quiénes no comulgan con la anarquía que ellos
quieren establecer mediante el empleo de conductas arbitrarias y mostrencas que
pugnan con las relaciones decentes que deben existir en las instituciones
educativas.
Además,
nada de social tiene este movimiento pero mucho de lo contrario, por sus
actuaciones antisociales puede calificarse terrorista por “mantener en estado
de zozobra o terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que
pongan en peligro, la integridad física o libertad de las personas”, tal como
lo señala el código penal. Así resulta peligroso para los medios de
comunicación y el orden público que este grupito de marras se reúna con la
cúpula de la universidad y luego amenace al diario El Meridiano por el hecho de
informar claramente lo que estaba pasando allí.
No podría
la rectora Durango ni sus tertulianos permitir semejante acompañamiento en un
ambiente ilegal, la obligación era rechazarlos, a no ser que los encapuchados
sean de confianza del propio gobierno universitario, no obstante el ciudadano
se abstiene de pensar semejante causa la que haya sido la antesala del
encuentro. La obligación de la directiva
universitaria es la de poner en conocimiento de la Fiscalía General de
la Nación los hechos presentados. Pero es más importante la designación de un
vicerrector que la amenaza de los encapuchados. Queda la duda de complicidad,
hasta tanto la rectoría no aclare el asunto.
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(27-02-15)
