Edgar Vergara Figueredo
Los colombianos estamos informados fracmentariamente a través de los
medios de comunicación sobre lo que sucede con los prisioneros en las cárceles.
La gran mayoría de ellos padecen la peor pobreza que puede sufrir un individuo
condenado o en detención preventiva, con la excepción que ha establecido el
régimen de prisiones para las personas llamadas de cuello blanco que van a
sitios especiales en donde se les garantiza comodidad y posibilidad de desarrollar
una vida social.
El problema no es nuevo puesto que ha sido denunciado por los propios
detenidos y sus familias repetidamente durante la última década, abogando por
una mayor consideración del estado deprimente, inhumano e indigno en que se
encuentran. Mal dormidos, mal comidos y en un hacinamiento de mayor proporción
imaginable. Los datos que esta semana que termina entregó a la prensa el
director del Inpec, general Jorge Luis Ramírez, conmueven al más descorazonado
ciudadano y confirma una realidad que no tiene solución ya.
Son 165 mil los reclusos que están bajo custodia del INPEC, 120 mil en
cárceles y 45 mil en detención domiciliaria. De los 120 mil que se encuentran
en intramuros, 75 mil son condenados y 45 mil en detención preventiva. Pero según
el general Ramírez, el cupo de las cárceles hoy es de 77 mil, de donde se
deduce que los condenados cabrían perfectamente y que el problema deficitario surge por la
cantidad de penantes en detención preventiva.
De inmediato no se vislumbra una solución, puesto que se tiene
prevista una ampliación de 15 mil cupos para lo que resta del periodo del
actual gobierno, lo cual no alcanzaría a alojar el exceso de prisioneros. Así
se enreda la pita. No obstante, el gobierno nacional y su ministro de justicia
Yesid Reyes Alvarado, castamente cree que la medida consagrada en un proyecto
de ley que cursa en el congreso, en el sentido de establecer límites y
racionalizar el uso de la medida de detención preventiva puede remediar el
hacinamiento, pero es preciso señalar que la disposición no zanjaría la
dificultad ni siquiera en el corto plazo.
Los funcionarios, sean ministros o responsables de ciertas tareas a
cargo del Estado, están acostumbrados a presentar soluciones a los
inconvenientes cuando éstos desbordan la paciencia ciudadana. El defensor del
pueblo, el procurador y el fiscal general de la nación tienen que ver con la
política criminal, así se desprende de sus atribuciones consagradas en los artículos 251, 277 y 282
de la constitución política. Apenas el defensor del pueblo Jorge Armando
Otálora ha librado una batalla de reclamos, pero que solo hasta ahora tiene una
respuesta del ministro de justicia.
La nueva ley que saldrá del congreso y que el ministro Reyes cree
efectiva para remediar el hacinamiento carcelario, es apenas un paliativo,
falta profundizar en la cuestión ya que hay cárceles que no cumplen con los
mínimos requisitos humanos para alojar a los condenados y esto constituye un
agregado al inventario deficitario que afrontan las penitenciarías en Colombia
y que la naciente ley no resolvería totalmente.
POSDATA: Concluyó en Montería el pasado fin de
semana el Primer Foro Global de Ciudades con Río, felicitaciones para el alcalde Carlos Eduardo Correa por el éxito
conseguido en el evento. Ahora los
ministerios de justicia y de educación anuncian que desarrollarán este viernes
24 de abril en la ciudad, el Primer Gran Foro Regional sobre la calidad de la
educación de los abogados del país. ¡Buena imagen para la capital!
(24-04-15)
