Edgar Vergara Figueredo
La opinión ciudadana expresada a través de
las encuestas es sensible frente a los acontecimientos periódicos que suceden
en la nación. Las últimas no favorecen al presidente Juan Manuel Santos. De 40%
de favorabilidad que tenía al final del año pasado pasó a 29% en abril último.
A pesar de los recientes sucesos el resultado estadístico tiene una íntima
relación con el proceso de paz que se lleva a cabo en La Habana, al cual se le
ha agregado una resistencia ciudadana que ve poco avance en las discusiones del
acuerdo.
A partir de entonces, dos grandes hechos
seguidos uno tras otro han logrado sumarse a la mala propaganda que le hacen
unos políticos a la causa. Así, la punta del iceberg han sido el escándalo de
la Corte Constitucional en que se involucran varios magistrados y el ataque al
ejército por parte de la columna Miller Perdomo de las FARC en que resultaron
asesinados once soldados y diecisiete heridos en el municipio de Buenos Aires,
Cauca.
A estos dos acontecimientos coyunturales se
agrega la fuerte oposición beligerante y reiterativa del sernador Álvaro Uribe,
como un fenómeno estructural del ejercicio de la política de su partido centro
democrático, el cual con sus senadores y representantes a toda costa se han
opuesto al proceso de paz, señalando condiciones para continuarlo y de paso
olvidando de que quien manda en este frente es el presidente Santos sobre la
opinión de la oposición.
A todo lo anterior se suman las expresiones
cotidianas de los miembros de las FARC que hablan más de la cuenta, pero que
muchas personas las han interpretado como un reto a la nación, y de este modo
creen que es mucho mejor continuar la confontación beligerante antes de entregar
el país a la guerrilla, sin tener en cuenta que el enfrentamiento experimental
en que se han invertido grandes recursos fiscales y sacrificado muchas vidas de
colombianos no ha dado ningún resultado.
A pesar de todo, el gobierno del presidente
Santos persiste en el proceso de paz y no ha cedido a la oposición, siguiendo
adelante y con mucha fuerza así sea asumiendo el alto costo
político que la tal decisión supone. Pues se presume que Santos tiene un deber
que le impone la reelección, el cual fue fundamentado en la promesa de alcanzar
la reconciliación con las FARC y con el resto de la guerrilla.
Lo grave es que los políticos que ahora
quieren aumentar el caudal de votos en las elecciones de octubre próximo en que
se elegirán gobernadores, alcaldes, diputados y concejales, pretendan ganarlas
atacando la negociación con la guerrilla al proponer una discusión más larga
que desgastaría las conversaciones y así abonar el terreno para las
presidenciales de 2018. A los medios de comunicación les conviene más la
objetividad que el eco de la antinomia. Ojalá el electorado no caiga en la
trampa.
(08-05-15)
