Edgar Vergara Figueredo
Hace menos de tres meses la rectora Alba
Durango y las directivas de la Universidad de Córdoba se reunieron dentro del
claustro con unos encapuchados. El acto fue mal visto por la sociedad y las
autoridades que en su deber lo reprocharon. En ese mismo momento y desde esta
columna se puso de presente la grave irregularidad y se advirtió del daño que
se le estaba haciendo al claustro universitario al permitirse el convite entre
la cúpula gubernativa y los sin rostro.
Y en ese mismo instante se anotó en esta
columna: No podría la
rectora Durango ni sus tertulianos permitir semejante acompañamiento en un
ambiente ilegal, la obligación era rechazarlos, a no ser que los encapuchados
sean de confianza del propio gobierno universitario, no obstante el ciudadano
se abstiene de pensar semejante causa la que haya sido la antesala del
encuentro. La obligación de la directiva universitaria era la de poner en
conocimiento de la Fiscalía General de la Nación los hechos presentados.
Igualmente, con asombro se dijo: Queda la duda de complicidad, hasta tanto la
rectoría no aclare el asunto.
La señora rectora
nunca justificó lo sucedido en ese día y todo quedó entre familia en los
predios del domicilio. Pero lo que acaba de acontecer ahora es aún peor, porque
agrava la situación de orden interna de la universidad y establece un estado
soberano dentro del territorio del departamento. El acuerdo suscrito entre las
directivas de la universidad y los estudiantes para prevenir el ingreso de la
fuerza pública al campus y para estudiar las noticias que la prensa de Montería
y Córdoba emitan, es algo insólito.
Esa componenda es
una intromisión indebida que contradice el objeto fundamental de la educación,
la cual frena el cumplimiento de una obligación a cargo de la autoridad de
policía dirigida a proteger a las personas del vandalismo y la violencia. Además
es una censura ilegal y descarada a los medios de comunicación. No se debe
olvidar que la autonomía universitaria tiene límite y no puede transgredir las
normas sociales de convivencia y las regulaciones de protección ciudadana.
Tampoco bajo el
privilegio de la autonomía universitaria es posible fraguar el delito y violar
el derecho a la libertad de expresión y el de recibir información de las
personas que está consagrado constitucionalmente. Por encima de la ley, está la
Constitución de la República, la cual le entrega a la policía la obligación de
mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y
libertades públicas, asegurando a los habitantes la convivencia en paz. Esto en
su conjunto hace parte de los derechos humanos.
¿Cree la rectora de
la Universidad de Córdoba y su cohorte que es plausible que unos individuos destruyan bienes públicos y ataquen
violentamente a los transeúntes y vehículos sin razón? ¿Cree la rectora de la
Universidad de Córdoba y su cohorte que los ciudadanos van a permitir que la
prensa no les informen sobre lo que sucede en el claustro que ella dirige? ¿En
qué país estamos? ¿Será en uno imaginario, que la rectora y su cohorte fundó,
en donde impera la impunidad y la anarquía? ¡Desenreden la madeja!
POSDATA:
Precisó el novelista francés Benardino de Saint-Pierre: “El premio más
noble de la ciencia consiste en el placer de ilustrar la ignorancia.”
(15-05-15)
