Edgar Vergara Figueredo
Cuando el palo no está para cucharas el
ministro de minas, Tomás González, sorprende a la población del Caribe
colombiano, al anunciar, lo que ya se rumoraba, el aumento de las tarifas de
energía eléctrica para esta región. Palabras más, palabras menos: “Para los ‘más pobres de los pobres’ (alrededor de 300 mil familias) les
baja la tarifa de energía en 14%; para los estratos 1 y 2 (1.6 millones de
familias) el aumento será de 0.58% y para el resto de personas que habitan en
la Costa y quienes tienen un poder adquisitivo mayor, el aumento será del 8.4%.”
(El Espectador, 10-06-15). O
sea que la subida supera la tasa de inflación del último año, la cual fue de
3.66%. ¡Así se le da en la cabeza a la gente de nuestra tierra!
Frente al caso, las declaraciones que entregaron a
los medios de comunicación en esta semana que termina el ministro de minas
Tomás González y la superintendente de servicios públicos Patricia Duque Cruz,
son desalentadoras porque no se ve en su discurso el planteamiento de una
solución de corto plazo, la cual podría animar a los costeños del Caribe a
creer que el servicio público de energía eléctrica va a mejorar prontamente. O
sea que el despiporre eléctrico como en noviembre del año 2007 lo califiqué,
seguirá y quién sabe cuanto tiempo pasará para que la luz vuelva completa a la
Costa Caribe.
El mensaje entregado es un mal presagio para los
habitantes de la Costa y se registra en momentos en que el suministro de
energía eléctrica se agrava, ya que es pésimo, de mala calidad y existe un
clima de soberbia y desconfianza de la gente hacia Electricaribe, encargada de
la distribución y comercialización eléctrica. A partir de la toma de la
operación en el año 2007, la prestación del servicio no ha mejorado. Sin
embargo, Electricaribe sigue tranquilamente frente al negocio, ganando plata,
sin que la mano del Estado haya actuado enérgicamente con miras al mejoramiento
de la operación o a ponerle punto final a los abusos mandando a esta empresa al
carajo.
Por lo visto durante todo este tiempo transcurrido
las protestas de los pobladores de los departamentos de la Costa Caribe han
sido repetitivas. A pesar de todo la gente y las empresas sigue pagando las
facturas de la electricidad a cambio de poco, lo cual contradice el objetivo de
la ley de servicios públicos. Con esta actuación Electricaribe se apodera de
una parte del ingreso de la gente sin prestar el servicio y así obtiene un
incremento patrimonial, lo cual resulta siendo un enriquecimiento ilícito de
los socios de Electricaribe, asunto que en un país serio se penalizaría.
El negocio de energía eléctrica a cargo de
Electricaribe en la Costa es un bocado sabroso, las investigaciones que desde
el pasado ha anunciado la superintendencia de servicios públicos no han servido
para nada, y si bien se han impuesto sanciones, han sido ridículas frente al
gran daño hecho a la región, porque el comercio, la industria, los servicios,
las instituciones y las familias han
recibido un perjuicio sin indemnización.
Los anuncios del ministro y de la superintendente
nada nuevo traen. Es la misma cháchara del pasado para bajar el ruido de la
protesta, creyendo estos dos funcionarios que aquí en el Caribe lo que hay son
pendejos que tragan entero. Si creen que con el anuncio demagógico del
miércoles pasado van a acallar el descontento, están equivocados. Señor
ministro y señora superintendente sean más serios. Estamos mamados de las
autoridades embusteras.
(12-06-15)
