Edgar Vergara Figueredo
Es común que los candidatos a
gobernaciones, alcaldías, asambleas y concejos estén derrochando el tiempo en
demasiadas promesas. De sus bocas salen toda clase de ofertas, algunas
exóticas, otras populistas y las peores mágicas, sin que aterricen en la
realidad y sean sinceros comprometiéndose solamente a lo que pueden y
verdaderamente cabe dentro de lo realizable en su respectivo territorio. Algunos
de ellos se pasan de la raya porque se les cruzan los cables, llegando a un
grado de obsesión tan aferrado a lo imposible al prometer demasiado a la gente
y sin cálculo racional de capacidad para cumplir.
La primera condición de calidad que deben
tener los candidatos es la de conocer suficientemente el departamento o
municipio, su estado económico, financiero y social, sus necesidades y
problemas y la manera de solucionarlos, definiendo las prioridades en materia
de ejecución. Esto para evitar que lleguen a los cargos a improvisar, lo cual
sucumbe al ente territorial en la inactividad gestora durante el primer o más
años de administración.
La prédica de los aspirantes a gobernadores
y alcaldes debería estar circunscrita únicamente a los temas que contiene el
programa de gobierno, en los términos de la Ley 131 del año 1994. Es el
programa el que debe cumplir el gobernador o alcalde elegido popularmente y
durante la campaña está obligado por mandato de la ley a ofrecerlo porque es el
producto que debe vender. Lo demás es pura paja. Pero para desgracia, regularmente
la palabra de los aspirantes es del mismo corte de los harapos de las viejas
costumbres políticas que no ha podido erradicar el consejo nacional electoral
en sus años de vida jurídica.
Da pesar que mientras los candidatos
mienten la gente pasivamente los admita, así sea que el derrochador de mentiras
les engañe en su propia cara. La falta de cultura entre los electores permite
que los postulados a gobernadores y alcaldes omitan la presentación del
programa de gobierno a los ciudadanos, no obstante que deben divulgarlo en
virtud de que es parte integral de la inscripción ante las autoridades
electorales respectivas.
Dentro de un contexto de ética política el
discurso de los candidatos debe ser ante todo serio y sin el consentimiento de
engaño que podría tener un individuo cuando promete demasiado. Como proyecto
formal la disertación debe ajustarse a lo que haya dicho el postulado en el
programa de gobierno inscrito y si gana la tarea está en la elaboración del
plan de desarrollo que se sustenta en el programa, el cual deberá ser sometido
a la consideración de la asamblea o del concejo por el gobernador o alcalde
elegido.
Sin embargo para la gente que no traga
entero la común oratoria promesera de los candidatos sigue siendo demagógica y
con poca distinción una de otra, y es claro que en la mayoría de las ocasiones
se detecte en ella la falta de inteligencia y solidez en cuanto al conocimiento
profundo de los graves problemas locales. Aún así, algo bueno resulta.
(17-07-15)
