Edgar Vergara Figueredo
La fotomulta se convirtió en un dolor
de cabeza y problema para los conductores de vehículos automotores. Y también
lo es para las autoridades de tránsito en ciertas situaciones. Son muchas las
quejas que sobre este particular se vienen presentando en varias ciudades del
país y existen casos en que se ha probado que los comparendos puestos mediante
fotomultas son injustos.
Resultan abusivas aquellas fotos
tomadas directamente por los agentes de tránsito a escondidas del conductor del
vehículo. En este caso concreto, el ciudadano no se percata de la acción que
ejecuta el agente, quedando la calificación de la infracción y la imposición
del comparendo al libre albedrío de dicho agente. Eso se constituye en un abuso.
Hay casos específicos en que la
fotomulta es casi indiscutible, por ejemplo, las que toma una máquina en las carreteras para controlar
la velocidad y en los sitios de prohibido parquear, cuyas zonas de control
están claramente demarcadas como medida preventiva para llamar la atención al
conductor sobre la prohibición. O también en ciertas zonas urbanas en que la
velocidad está regulada mediante señales de tránsito.
La fotomulta es un acto
administrativo que exige en su expedición unos presupuestos mínimos de
motivación, causa que un agente de tránsito está imposibilitado a dar cuando
toma la foto a hurtadillas, y cuando la logra hacer es precaria, puesto que no
tiene en cuenta los derechos del ciudadano. Como tampoco entiende, con su
actuar, que su primera función es pedagógica, pues él hace parte de un estado Social de
Derecho y no de un estado policivo.
La fotomulta tomada directamente por
el agente de tránsito no es confiable y se enmarca en un estado autoritario en
que se arrincona al conductor del vehículo, trasladándose la impugnación a una
actuación a la que se le llama “procedimiento”, pero que congestiona la administración
y en ciertos eventos viola los principios fundamentales que configuran el
debido proceso.
O esta vía de fotomulta impuesta
directamente por los agentes de tránsito es de orden fiscalista, en que
participa económicamente la administración de tránsito y el agente involucrado
al cual se le promete una dádiva, que puede ser un aumento salarial, una
posición preferencial en el grupo, o en el mejor de los casos un porcentaje
sobre el monto de la sanción cobrada. ¡Por lo que está pasando quedan en la
ciudadanía sospechas de trampa!
POSDATA: “No siento el menor deseo de jugar en
un mundo en el que todos hacen trampa.”, escribió el escritor francés François
Mauriac.
TE RECORDAMOS: Hay que pagar la energía que
se consume para poder exigirle a ELECTRICARIBE que no interrumpa el servicio y
al gobierno nacional la inversión de dos billones de pesos en el sector
eléctrico de la Costa Caribe. Y cuidar que no se los roben.
(21-08-15)
