Edgar Vergara Figueredo
Durante un tiempo no respondió la ministra de transporte Natalia
Abello a los reclamos de los gremios de transportadores y de millones
de ciudadanos que se veían afectados económicamente, respecto a la expedición de
la resolución 0005358 del 20 de noviembre de 2015, por la cual se estableció la
base gravable de los vehículos automotores para la vigencia fiscal 2016.
La protesta se enfocó a increpar el contenido de dicha norma que
aumentaba de manera desproporcionada la base gravable de los automotores 2015 a
2016, con sobresaltos exagerados que desbordaban los prospectos de avalúos de
Fasecolda, de las firmas valuadoras del sector y de los expertos de la Revista
Motor. Así se incendió la guachafita y los guachafiteros le echaron el
combustible que necesitaba para estallar.
Aunque el reproche fue pacífico despertó la ira de los propietarios de
los automotores y se extendió a lo largo de toda la nación. Nada más inoportuno
este cambio de base gravable en momentos en que la economía del país se
desacelera, la inflación devora los salarios y las pensiones y las previsiones macroeconómicas
son desfavorables, con excepción de los capitalistas que guardan dólares y
salen a venderlos al detal cuando el cambio superó $3.000.
Finalmente, la ministra Abello se reunió con los penantes tributarios,
aceptó la tacha y mandó a la basura el estudio contratado con la firma
manizalita Datasoft Ingeniería Ltda. De un tajo, por disposición de ella, el
aumento de la base gravable quedó reducido al 6.7%. Ahora deben responder los
autores de dicha consultoría al enfrentarse a la Procuraduría General de la
Nación y a la Contraloría General de la República. Es imposible que las dos
instituciones se sustraigan a su deber.
A la Procuraduría, el ministerio le tendría que demostrar que el
concurso de méritos se realizó con estándares de transparencia, puesto que hay
razones que señalan que en la adjudicación existieron irregularidades. A la
Contraloría, se le tendría que explicar el motivo de haber invertido $439
millones cuando se supone que la plata pagada a Datasoft fue innecesaria, abriéndose la posibilidad de un
proceso de responsabilidad fiscal.
POSDATA: “En tierra
de ciegos el tuerto es rey”.
TE DESTACAMOS: La inflación en enero 2016
fue de 1.29% y la correspondiente a los últimos doce meses (entre febrero 2015
y enero 2016) ascendió a 7.45%. O sea que el incremento de los precios
absorvieron el aumento del salario mínimo que había sido decretado por el
gobierno nacional en 7%. A los trabajadores y a los pensionados se les acabó la
plata para sostenerse en los 11 meses que quedan del año y les tocará comer
menos ante el aumento de los precios que viene en camino en el 2016.
