Edgar Vergara Figueredo
Mueren los niños y niñas en Colombia. De hambre, de anemia, de
desnutrición y cundidos de parásitos o a falta de atención hospitalaria
oportuna. No hay que ver el problema sustentado en la estadística oficial pues
menos se comprende. Basta con observar lo que está pasando en La Guajira con
los menores y sus familias para entenderlo. La Guajira es el retrato fiel de
la pobreza, miseria y abandono de la
niñez. El cual es tan igual en Chocó, Córdoba, Nariño y Sucre, como ejemplo, al
ser lo característico la deserción frente a la negligencia de las autoridades
que están obligadas a ejecutar los recursos del programa de alimentación
escolar (PAE).
Recientemente ocurrió en Cereté. El cronista relató: “En un cuarto
oscuro del plantel, sobre unos mesones antihigiénicos, tres operarias les
entregan medio vaso de peto y una galleta de soda” como desayuno a cada uno de
los niños del programa. Lo de Aguachica corrobora la rapacidad. El pillaje en
el Caribe fue descubierto por la contraloría general de la república, en donde
el desfalco asciendió a $12.745 millones.
El dinero de la nación ya no es sagrado, se lo roban. Los tentáculos
de la corrupción llegaron al PAE. La plata se
la escamotean, principalmente, a través de corporaciones y fundaciones que son
verdaderos entes creados para fin delictivo, entregándoseles los contratos a
dedo. De aquí ha salido el billete para elegir representantes y senadores de la
república, sin la menor consideración de las necesidades de la infancia
paupérrima.
No pueden olividar los colombianos que la ejecución de las políticas
públicas de infancia y adolescencia en lo nacional, departamental y distrital o
municipal, en su orden, son de responsabilidad del presidente de la republica,
de los gobernadores y alcaldes. Los hechos
merecen un juicio de responsabilidad política. Es posible que esto entre
la gente no se olvide, pero la prensa que lo descubrió corre el riesgo de ser
acallada.
El país está atestado de normas. La convención sobre los derechos del
niño de las Naciones Unidas que en Colombia entró en vigencia en el año 1991 y
el código de la infancia y adolescencia en 2006, son instrumentos que obligan a
asegurar garantías a los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años. Los
políticos que han manejado por tanto tiempo los departamentos y municipios y
los órganos del Estado negligentes deben responder por las muertes infantiles.
POSDATA: Del tratadista
francés La Bruyère: “Los niños no tienen pasado ni porvenir y, lo que apenas
acaece, gozan del presente.”
TE DESTACAMOS: La gente debe prepararse
para la reforma tributaria que cantaletea el ministro Cárdenas, aumento del IVA
y más impuestos para los asalariados. Sr. Ministro de hacienda, lo que hay que
hacer es ahorrar, menos plata para los políticos y sus secuaces devoradores de
presupuesto público.
(22-04-16)
