Edgar Vergara Figueredo
En pasados días la DIAN lanzó la campaña: Juégale limpio a
Colombia, con el fin de que los contribuyentes, entre el 9 y el 22 de mayo del
año en curso, declaren todos los bienes, activos y dinero que posean, a fin de normalizar
los activos omitidos y pasivos inexistentes, tanto en lo interno como fuera del
país. En esta redada es posible que puedan colarse personajes que no les gusta
trabajar, sino robarle al Estado. Difícil sería la trampa, porque estará
presente, además de las grandes naciones, la DIAN con sus dientes afilados para
atraparlos.
La Convención de Estraburgo de la OCDE, ratificada por
Colombia mediante la Ley 1661 de 2013, permite a los estados firmantes
comprometerse entre ellos ha prestar asistencia administrativa mutua en asuntos
fiscales, que hoy se requiere como un salvavidas para perseguir a los evasores
de impuestos y el fortalecimiento de las finanzas públicas de cada uno de los
estados que hacen parte del tratado. Así no sería fácil llevarse el dinero del
país y guardarlo en el extranjero como antes.
Con este apoyo de los países que hacen parte de OCDE, llevarse
la plata como fruto de utilidades ocultas o de grandes negocios ilícitos entre
empresarios y funcionarios públicos no sería asunto de tan rápida ejecución.
Detrás estaría la acción de las naciones víctimas y el apoyo de las que tienen
la potestad de investigar, indagar y denunciar las riquezas ocultas y mal
habidas depositas en el extranjero.
La convención surge de un nuevo ambiente de cooperación,
como un instrumento multilateral que permita al mayor número de Estados
posible, obtener los beneficios del nuevo ambiente de apoyo. Reiterando la
necesidad de implementar los más altos estándares de investigación, como
dinámica del movimiento internacional de personas, capitales, mercancías y
servicios - a pesar de ser altamente beneficioso por sí mismo - ha
incrementado las posibilidades de elusión y evasión fiscal y la cooperación
entre autoridades fiscales.
La asistencia administratiava comprende el intercambio de información, incluyendo auditorías fiscales simultáneas y participación en auditorías
en el extranjero; asistencia en el cobro, incluyendo el establecimiento de medidas cautelares; y la notificación o traslado de documentos. Bajo
la lupa de la convención, quedan cobijados personas, empresarios evasores
mañosos y funcionarios públicos acostumbrados a ocultar bienes en otros países.
Hay sanción penal para los que pretendan evadir y eludir. La nación, los departamentos
y los municipios tendrían la posibilidad de recuperar lo llevado en el bolsillo
por los empleados corruptos.
POSDATA: Para lo que piden los maestros, los pensionados, los asalariados y
los pobres que viven en tugurios, no hay plata. Pero para lo que viene, si hay.
Pronto llegarán las elecciones y veremos cómo el fruto de todos los
colombianos, que son los impuestos, se entregan a raudales a los políticos
regionales.
(17-05-17)
